Se tiene previsto entrevistar a 1.000 personas que viven con VIH de 5 regiones sanitarias del país, Asunción, Central, Caaguazú, Itapúa y Alto Paraná.

El estudio es financiado por Fondo Mundial del Lucha contra el VIH, la Tuberculosis y la Malaria con apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).

Para acompañar y apoyar el proceso de la investigación a nivel técnico se conformó un Comité Nacional Consultivo integrado por el PRONASIDA, OPS Paraguay, UNFPA, MCP Paraguay, organizaciones de personas con VIH, poblaciones claves y otros actores claves.

Martin Negrete, coordinador del estudio manifestó durante la presentación del proyecto que, “gran parte de la información que tenemos sobre el estigma asociado al VIH y la consecuente discriminación de las personas que viven con el virus, es anecdótica o parcial. Los estudios realizados demuestran que, aunque nadie duda de esta influencia del estigma, no hay una visión clara de su magnitud real”

“Este INDEX es en particular especial, atendiendo al contexto regional en el cual esta inserto, y es que, el estudio se implementará en 5 países de la región con apoyo del proyecto regional financiado por el Fondo Mundial y el nuestro (Paraguay) que cuenta con otras fuentes de financiación, lo que nos posibilita llevar adelante una investigación de esta envergadura con 1000 personas con VIH. Hicimos un salto exponencial en comparación al primer INDEX que realizamos en 2010.

Al ser la tercera edición del INDEX – implementado por la Fundación Vencer – podemos realizar un análisis comparativo en determinados indicadores de los últimos 10 años en cuanto al estigma y la discriminación, entendiendo las barreras que impiden que los servicios de prevención, tratamiento y atención del VIH lleguen a aquellos que más los necesitan entre otros.

Sobre el Índice de Estigma y Discriminación

El Índice de estigma es una herramienta desarrollada por la Red Global de Personas que viven con VIH (GPN+) alianza con el Fondo de las Naciones Unidas para VIH (ONUSIDA) y la Red Mundial de mujeres que viven con VIH (ICW Global), mide y detecta los cambios de tendencia en relación con el estigma y la discriminación que sufren las personas que viven con el VIH. Su objetivo es abordar el estigma relacionado con el VIH.

Desde que el proyecto comenzó en el año 2008 más de 1000 países han completado el estudio. Más de 1500 personas con VIH han sido formadas como entrevistadores y 100.000 personas con VIH han sido entrevistadas. El cuestionario del Índice de Estigma a personas con VIH ha sido traducido a 54 idiomas.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.