Julio Agüero, director de Institutos Penales, en contacto con la R800 AM señaló que durante el Ministerio de Justicia hizo un pedido de ampliación presupuestaria para el próximo año, sobre todo teniendo en cuenta la construcción de las nuevas penitenciarías.

En lo que respecta a Emboscada, confirmó que la etapa de preparación de suelos ya está terminada y actualmente se encuentran con el proceso de adjudicación. Estimó que entre febrero y marzo del 2018 podrían empezar con los trabajos de construcción en el predio de 16 hectáreas que llevará una inversión de US$ 70 millones.

El proyecto del Ministerio de Justicia contempla la construcción de dos penitenciarías en Ciudad del Este y cuatro en Emboscada, entre ellas una destinada exclusivamente a las mujeres privadas de libertad.

Actualmente existen 13.570 internos albergados en todas las penitenciarías a nivel país, según confirmó el propio Agüero durante la entrevista radial. En su gran mayoría, los reos viven en condiciones de hacinamiento dentro de las cárceles, por lo que se vuelve una necesidad urgente la construcción de nuevas penitenciarías.

“Tenemos un diario ingreso de entre 35 a 40 personas en todo el régimen penitenciario del país. No tenemos una estimación de cuántas plazas se necesitan, pero el sistema penitenciario del 2011 al 2017 se ha incrementado”, expresó el director de Institutos Penales a Radio La Unión.

De acuerdo a datos manejados por el Ministerio de Justicia, en el año 2011 la población penitenciaria general promediaba los 7.000 reos. Actualmente, dicho número se duplicó aumentando a 14.000 personas privadas de libertad.

Además de la construcción de nuevas cárceles, Agüero expresó que el presupuesto también será invertido para la refacción de las demás penitenciarias. “Evidentemente sufren un deterioro en el día a día, por eso tenemos que tener contemplado algo para hacer las refacciones y el mantenimiento en la parte edilicia”, señaló.

El presupuesto del Ministerio de Justicia contempla un aumento del 43% para el año próximo (más de G. 150.000 millones), vinculado a la asignación de bonos soberanos, y que servirá principalmente para construcción de las nuevas penitenciarías en Emboscada y Ciudad del Este, de acuerdo a lo expresado por el ministro Ever Martínez durante su defensa ante la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso Nacional.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.