El comandante de la Policía Nacional, Gilberto Fleitas, señaló que las estadísticas sobre seguridad interna, plantean un superávit en cuanto a cifras de casos que se verifican últimamente.

Dijo que los números, que pueden ser contrastados, indican que bajó, por ejemplo, el número de sicariatos (solo 9 en primer semestre, contra 50 del  2022), así como de homicidios, que comparativamente al mismo período del año anterior, decrecieron en un 50 por ciento.

“Con respecto al homicidio doloso, siempre venimos cerrando alrededor de 500. Este año, los primeros 6 meses, estamos teniendo un total de 200, en el hipotético caso que al final del año lleguemos a los mismos números, estaríamos cerrando con 400 y eso equivale a 6 homicidios dolosos por cada 100.000 habitantes”, expresó.

“Mi intención como comandante y paraguayo fue abrir esta institución policial, sobre todo alzar las estadísticas para que un extranjero, un inversionista, pueda ver nuestra posición en la región en materia de seguridad”, concluyó.

LA OTRA CARA

El criminólogo Juan Martens salió al paso de la perspectiva optimista de la cúpula policial. Dijo que los números favorables que plantean allí, hace mención al índice de homicidios que se dan entre bandas criminales de alto voltaje (PCC, Comando Vermelho), así como de peleas interpersonales por diversos motivos. Los ajustes en aquel ámbito, acotó, se redujeron en términos relativos, pero otra cosa muy distinta es la que sufre la gente común en el día a día, y que es víctima de asaltos callejeros, en su mayoría por parte de “chespis”, adictos convertidos en soldados de los clanes, que a su vez asaltan, roban y hasta matan para adquirir sus drogas.

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“Tenemos dos grandes mercados, uno internacional, con el PCC y sus aliados como N’Drangheta, con actores colombianos, y europeos. Por otro lado, el gran actor en el mercado interno, es el clan Rotela, además de otras bandas con disputas territoriales, en barrios de Asunción y Central”, expresó Martens.

En este sentido, otros expertos en seguridad, concuerdan en que las cifras oficiales sobre los dependientes del crack (90.000 adictos en Asunción y Central) son la bomba de tiempo a desactivar, para hacer frente a la ola de inseguridad que azota calles y viviendas de particulares.

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El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.