El canciller paraguayo, Eladio Loizaga, en contacto con la 970 AM habló sobre el comunicado difundido ayer por el Gobierno Nacional en el que reafirma su posición en contra de la Asamblea Nacional Constituyente realizada ayer domingo en Venezuela.

“Ayer nos hemos expedido con un comunicado en el que primero que nada señalamos el desconocimiento al inconstitucional llamado a la Constituyente y también condenamos el hecho de la muerte constante de manifestantes”, indicó.

Loizaga afirmó que los ciudadanos venezolanos tienen el derecho de manifestarse pacíficamente en contra del gobierno de Nicolás Maduro, al tiempo de señalar que existe una desproporción en la presencia de las fuerzas de seguridad frente a “una manifestación del pueblo que quiere expresar lo que siente”.

Así también, reiteró que desde Paraguay se insta a que el gobierno venezolano asuma un compromiso político para la salida de esta crisis a través de un diálogo que sea creíble.

“Paraguay en todo momento ha tenido una manifestación clara sobre lo que está pasando en Venezuela, lógicamente todo tiene su tiempo (sobre la fecha en la que se emitió el comunicado). El presidente Cartes en varias oportunidades ha expuesto públicamente la posición paraguaya con respecto a Venezuela”, sostuvo el canciller nacional.

En el marco de las gestiones del Mercosur, indicó próximamente mantendrán una reunión de consulta con el gobierno afectado, en este caso Venezuela, para analizar la actual situación y ver posibles salidas a la crisis que se vive en el país caribeño.

Loizaga adelantó que, en caso de no obtener respuestas del gobierno venezolano, se deberá aplicar la tercera fase del Protocolo de Ushuaia que contempla la aplicación de una sanción al país afectado, en este caso la suspensión como miembro del Mercosur.

En ese sentido, dijo que hasta el momento el Mercosur es la única institución regional que puede tomar una decisión de esta manera, considerando que en la Organización de Estados Americanos (OEA) no se ha logrado avanzar mucho por la falta de votos en las últimas asambleas, lo cual derivó en la imposibilidad de aplicar la llamada “Carta Democrática” contra Venezuela.

“La única forma en la que vamos a salir adelante a través de un diálogo entre las autoridades del gobierno de Venezuela y la oposición principalmente en el marco de la Asamblea Nacional y encontrar una salida que permita retornar el Estado de Derecho”, expresó finalmente.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.