El mismo fue elaborado con la colaboración de diferentes instituciones públicas y civiles vinculados a esta problemática en el Mercosur y por la Cooperación Española (AECID).

En el marco del “Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños”, el diagnóstico de la situación señala que los países que integran este bloque se sitúan como una zona de origen para la trata de personas principalmente hacia Europa, Estados Unidos y Asia.

Además, el estudio señala que es considerada una región de tránsito y destino para esta “forma de esclavitud moderna” hacia Argentina y Brasil, así como para mujeres procedentes de otros países de América Latina que no forman parte del bloque.

A pesar de que el informe fue realizado en 2011, momento en el que Venezuela aún no era miembro pleno del organismo, este todavía es utilizado debido a que no se aleja de la situación actual.

Brasil y Argentina, los dos países más grandes de Suramérica, con cerca de 200 millones de habitantes el primero y casi 43 millones el segundo, son las dos naciones más afectadas debido a su “dimensión y complejidad territorial”, explicó a Efe la jefa del Área de promoción de derechos y prevención de la violencia basada en el género del Ministerio de Desarrollo de Uruguay, Daniela Sena.

En este sentido, si bien Paraguay, con cerca de 7 millones de habitantes, y Uruguay, con alrededor de 3,4 millones, registran cifras totales menores, no se han “quedado atrás” en porcentaje.

“Sigue habiendo hoy dificultades en la detección y en la identificación de la problemática que hace que el llegar a un número válido y acabado sea muy complejo”, aseguró Sena en relación a las dificultades para establecer una cifra oficial de mujeres afectadas por la trata en la región.

El objetivo principal de la campaña regional, incluida entre las actividades desarrolladas por la Reunión de Ministras y Altas Autoridades del Mercosur (RMAAM), es prevenir este delito internacional de lesa humanidad en zonas fronterizas y brindar información.

Además, pretende promover que el funcionariado público y los operadores sociales se mantengan alerta para poder colaborar y evitar esta problemática.

Una de las formas de divulgación de la información, entre otras muchas, es la colocación de pegatinas en las puertas de los baños en zonas fronterizas, ya que se contempla como un lugar donde las mujeres que puedan verse afectadas por esta situación “tienen unos minutos de paz” que puede aprovecharse para que se planteen sus circunstancias.

La campaña, que comenzó a desarrollarse en el seno del bloque suramericano hace aproximadamente un año, favorece la coordinación de las instituciones regionales encargadas de la lucha contra la trata.

“En 2015 aumentó notoriamente y en este momento hay 260 mujeres” atendidas con esta problemática por los servicios sociales en Uruguay, dijo a la prensa la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) de este país, Mariela Mazzotti.

“Quizás parezca un número bajo, pero para la proporción de la población de nuestro país (por Uruguay) es un número que preocupa porque seguramente es la punta de un iceberg”, aseveró Mazzoti.

En cuanto a la nacionalidad predominante entre las mujeres que llegan a este país “engañadas”, destacó la República Dominicana, Brasil y Argentina, y en cuanto a los lugares de destino del tráfico de personas uruguayas apuntó a España e Italia.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

Es noticia hoy: Papa designa a nuevo representante de la Santa Sede en Paraguay

En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

Nota relacionada: Importante anuncio desde la Cámara de Diputados

Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

Lea también: Sistema de tormentas para esta mañana y el sábado

En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

Nota relacionada: Dakovo, la trama del mayor operativo contra el armatráfico

Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

Leé también: “Esas armas fueron vendidas legalmente”: Diego Dirisio habló desde la clandestinidad

El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.