La cita fue “convocada por la presidencia pro témpore venezolana”, con Venezuela en “pleno ejercicio de su presidencia asumida el pasado 29 de julio”, enfatizó el coordinador de Caracas en el bloque, Héctor Constant, en una declaración a periodistas en el Edificio Mercosur, sede del bloque en Montevideo.

Durante el encuentro se detallaron los “lineamientos de Venezuela en su presidencia pro témpore”, dijo el diplomático, que no aceptó preguntas, en una declaración que dio junto al embajador de Bolivia -que tramita su adhesión plena al bloque-, Benjamín Blanco. Uruguay no estuvo presente en la instancia informativa con la prensa.

Entre las prioridades de Caracas figuran profundizar los contactos con Cuba, China y Rusia, la continuación de las tratativas con la Unión Europea por un acurdo de libre comercio, y una propuesta de “Mercosur musical” en base a la experiencia de Venezuela en orquestas infantiles y juveniles.

La sorpresiva convocatoria venezolana sigue a una reunión de coordinadores que tuvo lugar el martes en Montevideo a la que asistieron Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, sin presencia de Venezuela.

Argentina, Brasil y Paraguay, los otros socios del Mercosur no participaron del encuentro, ya que no reconocen la presidencia de Venezuela al frente del bloque.

El Mercosur atraviesa una de sus peores crisis desde su fundación en 1991.

Por orden alfabético, en julio de 2016 Venezuela debía asumir la presidencia rotativa del grupo, desde donde coordinaría por seis meses la agenda del Mercosur a continuación de Uruguay, que dejó el puesto al término de su mandato. Pero Brasil, Paraguay y Argentina se oponen.

El canciller brasileño, José Serra, dijo lisa y llanamente la semana pasada que su país considera que “Venezuela vive bajo un régimen autoritario, no democrático” y argumentó que “un país que tiene presos políticos no puede ser un país democrático”.

“Venezuela no va a asumir el Mercosur, eso es seguro”, remató el ministro brasileño.

Paraguay de su lado, pidió a Venezuela que libere a los opositores presos y acusó al gobierno de Nicolás Maduro de querer bloquear el Parlamento -de mayoría opositora- a través de la Justicia.

Argentina en tanto, quiere un gobierno colegiado del Mercosur hasta que asuma la presidencia en enero próximo, mientras su presidente Mauricio Macri ha sido muy crítico de la situación de derechos humanos en Venezuela.

Uruguay es el único socio que quiere que Caracas asuma la presidencia y acepta la decisión de Maduro, que se proclamó al frente del Mercosur, aunque el resto de los socios no lo reconocen ni aceptan las decisiones que adopte.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.