Gustavo Leite, exministro de Industria, comentó al canal Gen que la publicación Washington Post es solo la punta del iceberg y que cree que el medio periodístico tiene bien guardado los borradores de la polémica propuesta con relación de la deuda de Paraguay con PDVSA. Preguntó a las autoridades paraguayas cuál fue la propuesta presentada que terminó escandalizando a los venezolanos.

“Acá huele a podrido. Si bien el lógico que Paraguay negocie pagar la deuda con una quita, todo explota cuando en una negociación entre Gobiernos se pretende dar una comisión a un abogado. No es normal que Paraguay pague ni consienta que se le pague a un abogado por una negociación que hace el país”, dijo.

A su parecer, Villamayor no actuó cuidando los intereses del Paraguay, ya que en vez de avalar que Venezuela dé dinero a un abogado, hubiera presionado para que la quita sea mayor (que Paraguay pague menos por la deuda). “Lo que corresponde es que Paraguay pelee al máximo para bajar el monto de la cuenta y no que vaya dinero al bolsillo de un abogado”.

“O Villamayor le mete una querella antes del mediodía al Washington Post por marcharle su nombre y reputación, o Marito le tiene que dar una patada en el culo y enviarlo de vuelta a Clorinda. Es asqueroso lo que se hizo. O miente el Washington Post o miente Villamayor”, arremetió.

Leite indicó que si el presidente Mario Abdo sabía ya en marzo del alcance del acuerdo, es peor que lo del acta de Itaipú. “De vuelta es una traición gigante a la patria, o el Washington Post miente. Hay miembros de este Gabinete que se comportan como facilitadores económicos y siempre van en perjuicio de las arcas del Estado. Marito si quiere dar un mensaje a la población de que él no sabía, antes del mediodía tiene que destituir a Villamayor”, agregó.

Una investigación periodística realizada por The Washington Post da cuenta de la supuesta existencia de un esquema de corrupción que involucra a funcionarios del gobierno de Juan Guaidó. En este esquema se menciona un “acuerdo” con el gobierno paraguayo para condonar parte de la deuda con PDVSA y una millonaria comisión a un abogado argentino.

Uno de estos acuerdos involucra al gobierno de Paraguay y la deuda que mantiene desde hace varios años con la petrolera estatal PDVSA. De acuerdo a la publicación, el acuerdo -que no llegó a ser ejecutado- contemplaba la condonación de la mitad de los USD 269 millones que nuestro país le debe a Venezuela.

En otro párrafo, se hace referencia al pago de una comisión “desproporcionada” a un abogado argentino de nombre Sebastián Vidal en el marco de este arreglo con el gobierno paraguayo. En el segundo borrador del contrato, Vidal habría recibido el 20% del acuerdo, o más de USD 26 millones.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.