La titular del Ministerio de la Niñez, se encuentra respondiendo a las 35 preguntas elaboradas por los diputados en relación al cuestionado Plan Nacional de la Niñez. La sesión extraordinaria de la Cámara Baja inició este martes poco después de las 15:00 horas.

A su vez, agrupaciones sociales se autoconvocaron en la Plaza de Armas para repudiar a la intención de la ministra de la Niñez y exigir su destitución del cargo.

“El material tiene muchas objeciones. Uno de los puntos principales que objetamos es la línea que se baja sobre el género que lastimosamente la ministra nos quiere convencer de otra cosa. El plan está basado en documentos que vienen directamente de la ONU, cuando todo el mundo sabe el significado que la ONU le da al género”, manifestó al canal GEN, Valeria Insfrán, activista provida.

Asimismo, la doctora Hadhara Brunstein, cuestionó que el Plan hable de la “hegemonía del Estado” para el cuidado y bienestar de los niños y la perspectiva de género. “Es una agenda que se está imponiendo en varios países y no queremos que llegue al nuestro”, sostuvo.

En entrevista con el canal GEN, Eduardo Aguayo manifestó su desacuerdo con el método utilizado para la designación de los representantes obreros, ya que estos -según consideró- no fueron elegidos de manera democrática. “No tienen en realidad ningún tipo de representatividad porque no han sido electos por los trabajadores”, expresó y aclaró que ni los trabajadores de su grupo ni de los jubilados presentaron ternas para la elección de los representantes, ya que consideraron de antemano que iban a ser elegidos aquellos afines al oficialismo.

Según el dirigente, tanto el elegido Jorge López de la CUT, como el suplente Ramón Ávalos de la CNT, forman parte de centrales sindicales alineadas con el gobierno actual y carecen de respaldo genuino de la clase trabajadora.

El presidente de la Asociación de Asegurados del IPS afirmó que el Ejecutivo decidió directamente sobre la designación de los representantes, replicando el modelo ya empleado en el Consejo de Administración del IPS. En ese sentido, denunció que esta práctica vulnera el principio democrático de participación, ya que no se permitió una votación directa entre los trabajadores.

La ley establece que el procedimiento debería haberse reglamentado previamente, y en su defecto, se debió recurrir a la normativa electoral para garantizar que todos los trabajadores, afiliados o no a sindicatos, pudieran votar. Aguayo argumentó que al no contemplar este derecho, el sistema discrimina a una gran parte del colectivo laboral.

Aguayo anunció que presentarán una acción de inconstitucionalidad para cuestionar la legitimidad de los representantes electos. Aunque reconoce que el trámite puede ser burocrático y lento, considera que es fundamental sentar postura legal contra lo que califica como una imposición gubernamental.

Además, el gremio planea movilizaciones para expresar su repudio, no solo contra la metodología de designación de representantes, sino también contra el proyecto que plantea aumentar en un 2% el aporte patronal para crear un fondo de desempleo, una medida que consideran injusta para los trabajadores.

En lugar de cargar el costo del fondo de desempleo sobre los trabajadores, Aguayo propone que sectores económicos que obtienen grandes ganancias en el país, como la banca privada, contribuyan mediante impuestos específicos. Argumentó que estas entidades ya utilizan los fondos previsionales del IPS para negocios financieros, por lo que deberían asumir parte del financiamiento.

El Consejo de Seguridad Social será un órgano colegiado que definirá la terna de candidatos para la futura Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones.

El presidente de la Federación Nacional de Enfermería del Paraguay, Marcial Montiel, señaló a la radio 650 AM que no hay mucho que festejar en este día, ya que los trabajadores del gremio se encuentran luchando por una reducción de su carga horaria y mejores condiciones económicas. “En el ámbito del personal de blanco, somos los que más carga horaria tenemos en lo laboral”, manifestó.

Montiel indicó que los enfermeros enfrentan largas jornadas laborales, lo que afecta directamente su bienestar y desempeño profesional. La Federación está trabajando para conseguir una disminución de la carga horaria y un ajuste salarial que reivindique a los trabajadores del sector.

Según Montiel, el salario base de un licenciado en enfermería es de aproximadamente G. 4.300.000, cifra que considera insuficiente frente a la responsabilidad y el esfuerzo que implica la profesión. Además, denunció que muchos trabajadores con más de 18 o 20 años de servicio aún conservan la categoría de auxiliar, lo que refleja una falta de reconocimiento a su trayectoria.

Pese a las adversidades, los enfermeros se reunirán hoy en la Catedral Metropolitana para participar de una misa central convocada por la Federación. “Estamos convocando a nuestros compañeros para acudir y festejar espiritualmente nuestro día”, expresó Montiel, destacando que, a pesar de las dificultades, el gremio busca un momento de unidad y reflexión.

La OMS reconoce a los enfermeros como el primer soporte vital que recibe un paciente, resaltando la importancia de su labor en el sistema de salud.

A las 13:40 de este lunes está convocada la sesión extraordinaria en la Cámara de Senadores, con 20 minutos de tolerancia. Siete puntos, con algunos subpuntos aparecen en el orden del día.

El primero proyecto a tratar es el que garantiza el derecho de niños y adolescentes a la protección ante el criadazgo.

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Con el texto original, la normativa prohíbe expresamente el criadazgo, pero no lo sanciona. “Ningún niño, niña o adolescente será ocupado en esta actividad. No se considerarán excepciones a esta prohibición y la violación de ésta generará responsabilidades administrativas, laborales, civiles y penales para quienes la infrinjan”, indica el proyecto que, en el Senado, podría tener una ampliación.

Sin embargo, la pretensión en el Senado es ampliar el proyecto para tipificar al criadazgo como un delito y, sobre todo, establecer penas carcelarias.

El que, sin ser titular de la patria potestad explotare en el trabajo infantil a un niño o adolescente privándolo del derecho a vivir en el domicilio de su familia biológica, será castigado con una pena de cinco a 10 años pena privativa de libertad es el artículo agregado.

Otros proyectos a tratar hoy son: el que establece el estatuto del futbolista profesional, pedidos de informes a diferentes instituciones, solicitudes de concesión o aumento de pensiones graciables, y un proyecto de declaración que insta al Ejecutivo a reglamentar la ley de horario escalonado.

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