No solo Sergio Coscia estaba detrás de la cuestionada operación, sino que Denis Lichi, titular de Petropar, fue corresponsable directo de la transa. El mismo pidió casi US$ 7 millones a Hacienda (reasignar los recursos propios que tenían en la petrolera) pese a que su institución debe millones al fisco.

Fue el ministro de Hacienda, Óscar Llamosas, quien confirmó a la 730 AM que Lichi solicitó una línea presupuestaria de casi 49 mil millones de guaraníes (los casi 7 millones de dólares) para honrar el compromiso asumido con la empresa argentina Texos de manera silenciosa.

Esto se dio pese a que dicha petrolera estatal se atrasó en sus aportes intergubernamentales. De G. 100 mil millones que debe entregar cada año, solo llegó a pagar al fisco la suma de G. 15 mil millones, pero se encontraba operando fuertemente la transa con Texo.

“En el argumento para la solicitud se mencionaba que la ampliación iba a ser en base al saldo que tiene Petropar en caja, pero lo llamativo fue que la institución debe al fisco. Si Petropar tiene recursos, debe cumplir primero con el fisco y recién luego atender los demás compromisos con terceros. Nosotros también necesitamos el ingreso del dinero. Como había atrasos en el fisco, dijimos que no íbamos a avanzar (en la ampliación) hasta que Petropar se ponga al día con el Tesoro. Eso lo dejamos explícito en una nota”, detalló Llamosas.

Según la cronología dada a conocer por el entrevistado, la solicitud de dinero se dio el 20 de noviembre. Hacienda pidió informes a Petropar el 2 de diciembre (coincidentemente cuando se firmó el polémico acuerdo). Petropar recién respondió el 16 de ese mes que ya había un acuerdo firmado y homologado por Procuraduría, a cargo en ese entonces de Sergio Coscia. El 22 de diciembre Hacienda contestó que la prioridad era que Petropar pague sus compromisos al fisco, antes que obtener una ampliación presupuestaria y que recién luego se iba a evaluar las pretensiones que tenía la petrolera de obtener los 7 millones de dólares. Hasta la fecha, Petropar no respondió más a Hacienda, según resaltó.

La decisión fue tomada luego del violento y millonario atraco a la sede del Banco Nacional de Fomento (BNF) en Natalio el sábado pasado, donde delincuentes se llevaron unos G. 1.000 millones.

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La declaración de emergencia regirá hasta tanto se dote de mayor cantidad de efectivos policiales para las distintas unidades policiales zonales. Además, instan a las autoridades a ejecutar acciones y programas innovadores de seguridad pública en este departamento.

El robo en Natalio se suma a lo ocurrido a la sede del BNV en Yatytay años atrás, además, el atraco al Banco Regional en Pirapó, todos con las mismas características.

Por su parte, el presidente de la República, Santiago Peña, mencionó a los medios de prensa que destinará todos los recursos necesarios para resguardar la zona.

Asimismo, la Comandancia de la Policía Nacional dispuso el envío de unos 100 efectivos adicionales al departamento de Itapúa para reforzar a las comisarías, según informó el viceministro de Seguridad Interna del Ministerio del Interior, Oscar Pereira.

Se trata de una amplia gama de productos agrícolas frescos y de calidad, directamente de los productores de varios puntos del país a los consumidores.

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Se llevará a cabo este martes 30 de abril en el Paseo 1811 ubicado sobre la ruta Mariscal Estigarribia, en la Dirección de Comercialización del MAG en San Lorenzo y en la explanada del Palacio del Congreso Nacional.

Los productores ofrecerán una variedad de productos frescos, desde frutas y verduras hasta productos lácteos y carnes. En ferias anteriores, los productos más demandados incluyeron queso; carne de cerdo, cabra, oveja, gallina y pato; harina de maíz; huevos; entre otros.

Esta actividad se realiza constantemente y tiene como objetivo promover la agricultura familiar, apoyar a los agricultores y ganaderos, y fortalecer la economía rural del país.

El MAG invita a todos los ciudadanos a participar en estas ferias de 7:00 hs hasta agotar stock, y disfrutar de los productos frescos y de alta calidad que ofrecen los productores locales.

El intendente fue imputado por intervenciones peligrosas en el tránsito terrestre y homicidio culposo. El proceso contra Carlos Echevería es en el marco de la investigación por la muerte de Sara Nilde Benítez (48) y Nilda Luján Barrios Benítez (21), quienes fueron arrastradas el miércoles 24 de abril por el caudaloso raudal al cauce hídrico en cercanías del club Balderrama.

Una de las mujeres murió por ahogamiento, en tanto la otra, como consecuencia de un severo trauma de cráneo.

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Según el acta de imputación, existen suficientes elementos que evidencian las deficiencias en el sistema de seguridad vial (nula señalización de advertencias de peligro e instalaciones de protección a peatones y vehículos, además de carencias de barreras de protección eficaz ante raudales).

Los fiscales del caso indican además que el intendente es la persona responsable de dirigir y ejecutar obras para la seguridad vial de la ciudad, por lo que no habría realizado las debidas diligencias para disminuir el riesgo en la circulación del tránsito vehicular y peatonal.

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Cabe mencionar que este lunes, una comitiva de la Unidad Penal n.º 2, de la Fiscalía de Luque, supervisada por el agente fiscal Jorge Escobar, allanó la sede de la Municipalidad de Luque, de donde recabó varias documentaciones (notas, aprobaciones, resoluciones) en dos cajas y lacradas que estarán sujetas a una pericia.