No solo Sergio Coscia estaba detrás de la cuestionada operación, sino que Denis Lichi, titular de Petropar, fue corresponsable directo de la transa. El mismo pidió casi US$ 7 millones a Hacienda (reasignar los recursos propios que tenían en la petrolera) pese a que su institución debe millones al fisco.

Fue el ministro de Hacienda, Óscar Llamosas, quien confirmó a la 730 AM que Lichi solicitó una línea presupuestaria de casi 49 mil millones de guaraníes (los casi 7 millones de dólares) para honrar el compromiso asumido con la empresa argentina Texos de manera silenciosa.

Esto se dio pese a que dicha petrolera estatal se atrasó en sus aportes intergubernamentales. De G. 100 mil millones que debe entregar cada año, solo llegó a pagar al fisco la suma de G. 15 mil millones, pero se encontraba operando fuertemente la transa con Texo.

“En el argumento para la solicitud se mencionaba que la ampliación iba a ser en base al saldo que tiene Petropar en caja, pero lo llamativo fue que la institución debe al fisco. Si Petropar tiene recursos, debe cumplir primero con el fisco y recién luego atender los demás compromisos con terceros. Nosotros también necesitamos el ingreso del dinero. Como había atrasos en el fisco, dijimos que no íbamos a avanzar (en la ampliación) hasta que Petropar se ponga al día con el Tesoro. Eso lo dejamos explícito en una nota”, detalló Llamosas.

Según la cronología dada a conocer por el entrevistado, la solicitud de dinero se dio el 20 de noviembre. Hacienda pidió informes a Petropar el 2 de diciembre (coincidentemente cuando se firmó el polémico acuerdo). Petropar recién respondió el 16 de ese mes que ya había un acuerdo firmado y homologado por Procuraduría, a cargo en ese entonces de Sergio Coscia. El 22 de diciembre Hacienda contestó que la prioridad era que Petropar pague sus compromisos al fisco, antes que obtener una ampliación presupuestaria y que recién luego se iba a evaluar las pretensiones que tenía la petrolera de obtener los 7 millones de dólares. Hasta la fecha, Petropar no respondió más a Hacienda, según resaltó.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.