Se convirtió más bien en un albergue transitorio de nativos, quienes paralelamente a hacer reclamos justos arruinan un sitio icónico que marcó el nacimiento de un país independiente.

Por encima de las necesidades de los indígenas, es absoluta la indiferencia del Estado hacia sus espacios emblemáticos como la estación de tren y la Plaza Uruguaya.

Ambos sitios están derruidos y se han convertido en verdaderos baños públicos, cuando otrora eran lugares acogedores de la Asunción de antaño.

Hace pocos meses atrás, el Ministerio de Obras Públicas inauguró mejoras en los arcos de entrada, donde instaló luces nuevas. Pero fue solo una “pasada de pintura” que buscó disimular la forma pero no solucionar el fondo.

Las galerías y los andenes de la vieja estación, que a mediados de los años 1800 marcaron el despertar económico del país, convirtiéndolo en uno de los países más avanzados de Sudamérica hoy hacen gala de sus despintadas paredes y columnas, regadas por el orín y la suciedad que de a poco va matando ese recodo capitalino que debería ser valorizado en virtud a lo que históricamente representa.

Además, su estado de abandono marca el contraste perfecto con la nueva vida que cobran Calle Palma y adyacencias. En un sector la vida y en el otro, la mustia parada de trenes que muere a los ojos del Estado, sin que este haga nada por ponerlo en condiciones.

Y mientras los nativos siguen esperando respuestas a sus añosos y justos reclamos, FEPASA sigue prometiendo el lejano tren de cercanías, al tiempo que la historia de la estación va quedando atrapada entre la humedad, las termitas y el qué me importa de quienes debieran restaurarlo acorde a su enorme historia.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.