Dos bebés recién nacidos y un niño de 2 años suman en los registros del sanatorio Migone desde el 2011 hasta 2019. Los dos primeros se dieron en circunstancias de cuidado de los pacientes a horas de haber nacido y sus familiares ya recibieron la trágica noticia de alguna complicación y luego la muerte.

Las dos primeras según el informe médico el caso del 2011 se dio por asfixia por bronco aspiración tras la ingesta de leche a cargo del personal de enfermería; en segundo caso el bebé tuvo como causa de muerte paro cardiorespiratorio también por bronco aspiración.

En ambos casos, las familias denunciaron negligencia médica y la falta de cuidados rutinarios.

La enfermera Miriam Barios fue condenada a tres años de cárcel en el caso del bebé Giret Ruiz Diaz, luego de dos años sin embargo, en el 2017 la causa prescribió.

Ahora, un nuevo caso sacude a los usuarios que hasta fueron testigos de lo ocurrido en la sala de espera de Urgencias del sanatorio privado donde un niño de 2 años convulsionó y el personal no contaba con elementos necesarios para brindar la reanimación rápida, lo hicieron en forma manual por espacio de 40 minutos, relatan los familiares.

El niño ingresó por un cuadro gripal con fiebre y vómito pero en estado normal. En todo ese tiempo solo fue visto por personal de enfermería pese a que mostró un estado deteriorado, el rostro azulado y los labios morados, momento en que su madre pidió a gritos auxilio para su pequeño.

Ni aún así fue asistido por un profesional médico pediatra y la reanimación manual no tuvo éxito. Tampoco contaban con desfibrilador, adrenalina ni cánula.

En los tres casos el sanatorio deslinda responsabilidad. Ahora se aguardan los resultados de la autopsia realizada al cuerpo del pequeño para contar con detalles de las causas de muerte.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.