La Procuraduría General de la República recibió la notificación del laudo arbitral referente a la demanda entablada por Mota-Engil contra el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, por la rescisión de contrato en el 2018 con el entonces ministro Arnoldo Wiens.

La condena al Estado paraguayo incluye los conceptos de: ejecución indebida de la garantía de cumplimiento de contrato, montos retenidos indebidamente, daño emergente, costos y costas e intereses, según detalló el procurador Marco Aurelio González, en una conferencia de prensa

Al monto de 13 millones de dólares se suman los intereses acumulados a la fecha, por 2.400.000 dólares, con los que, el total llega a 15,4 millones de dólares.

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La Procuraduría analiza los recursos que se podrían interponer contra el laudo, de manera a reducir el impacto que, según indicó González, no fue evaluado por la administración anterior.

En honorarios de abogados contratados por el gobierno anterior para la defensa, cuyos resultados han sido negativos para el Paraguay, el costo es de dos millones de dólares.

ANTECEDENTES

El 13 de agosto del 2018, la firma portuguesa comunicó la suspensión de los trabajos de obra en virtud de la Cláusula 16.1 del Contrato, debido a que, cuando entonces, había podido acceder a menos del 40% del Lugar de las Obras y acumulaba Certificados de Pago Provisionales sin satisfacer por el Contratante por 45.857.83 USD y 183.124.553 Gs.

Esta situación, según el contrato, habilitaba al Contratista a suspender los trabajos con un preaviso de 21 días, tal cual se procedió en ese momento.

Con base en la Cláusula 2.1. resulta una obligación del Contratante conceder acceso a todas las partes del Lugar de las Obras al Contratista y poner a éste en posesión de estos

El entonces ministro, Arnoldo Wiens, había anunciado la rescisión de contrato ante los frentistas de la Avda. Eusebio Ayala en medio de lágrimas, sin mencionar esta notificación ni explicar qué medidas tomarían ante la inminente demanda a la que exponían al Estado por suspender la ejecución sin causal.

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El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.