Este jueves, el magistrado Julián López admitió la ampliación de la imputación contra Patricia Samudio y otras personas más en la causa que investiga las irregularidades cometidas en Petropar durante su administración con las compras Covid. Entre los procesados también se encuentra su esposo José Manuel Costa Perdomo, en calidad de cómplice.

Según la imputación del Ministerio Público, el perjuicio patrimonial supera los 300 millones de guaraníes. La investigación corroboró que antes de los trámites administrativos, el esposo de Samudio actuó como intermediario y contactó con la empresa Solumedic para montar el esquema y simular los contratos. Se creó además una cuenta bancaria para transferir allí el dinero tras la adjudicación. Fueron los empresarios adjudicados decidieron colaborar con la Fiscalía y “contaron toda la verdad”, versión que ahora está siendo corroborada mediante las pesquisas.

López fijó para el 26 de agosto a las 8:30 la audiencia de imposición de medidas para Samudio, y para el 7 de setiembre a las 9:30 para su esposo. Mientras que sigue en pie la audiencia de Patricia Samudio para mañana a las 08:30; esta solo será por la primera imputación y no incluirá la nueva.

En esta causa, además de la exmandataria, están imputados en el caso en calidad de cómplices Felix Marcelo Chávez, director de la Dirección Operativa de Contrataciones; Roberto Luis Cabrera Narváez, Gerente de la Gerencia de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de Petropar; Miguel Darío Cáceres, Asesor Jurídico de la Presidencia de Petropar; Freddy Agustin Careaga Arias, Jefe Interino de la Sección, Recepción y Entrega de Bienes de Petropar; Oscar Adrián Gómez Rodríguez, Jefe Interino de la Sección de Egresos de Petropar; Rodolfo Benítez Sandoval, Jefe del Dpto. De Tesorería de Petropar; Eduardo Miguel Ángel Sánchez López, Director Financiero de Petropar; Plácido Guerrero Rodríguez, Auditor Interno de Petropar; Liz Adolfina Chamorro Ferreira, empresaria, Representante Legal y socia de la empresa Solumedic S.A; Victor Ramón Cabañas Fernández, socio de la empresa Solumedic S.A; Lorenzo David Silvero Cantero; Edgar Raúl Villalba; Walter Osmar Mendoza Giménez, representante legal y socio de la empresa Fortaleza Agropecuaria Industrial S.A; Adams Javier Ávalos, socio de la empresa Fortaleza Agropecuaria Industrial S.A; José Manuel Costa Perdomo, pareja de Patricia Samudio; y Justino Ramón Aveiro.

Petropar maneja un presupuesto de unos 1.000 millones de dólares anuales y la Fiscalía investigará si el esquema delictivo se repitió en otros procesos licitatorios.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.