Esta es la primera vez que el Estado paraguayo, a través del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), recupera tierras utilizadas para el crimen organizado, como señaló el ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio.

Las seis fracciones de tierra fueron, en su momento, un establecimiento ganadero, pero después se convirtieron en una base de redes narcotraficantes.

El lugar, en el Chaco paraguayo, fue intervenido por la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) en 2017, con la incautación de armas y aeronaves, y este año se realizó una operación similar por parte de la Policía Nacional, que se saldó con el hallazgo de 1.300 kilogramos de cocaína y acetona.

Esas 24.000 hectáreas pasarán ahora a ser propiedad del Ministerio de Defensa, como anunció la titular del Indert, Gail González.

“Es un lugar estratégico, está a no más de 5 kilómetros de la frontera con Bolivia, se trata de una cuestión de soberanía. Consideramos que las Fuerzas Militares son las que tienen que hacerse cargo de esas tierras”, expresó.

Por su parte, el ministro de Defensa, Bernardino Soto, recalcó que ese terreno tiene “una importancia enorme” por su ubicación cercana a la frontera paraguayo-boliviana.

“Las Fuerzas Armadas tomarán posesión de estas fracciones y establecerán un destacamento militar con la misión de controlar el área y de evitar, fundamentalmente, el aterrizaje de aviones con vuelos ilícitos, porque se debe considerar que en esa propiedad existe una pista de aterrizaje utilizable”, explicó Soto.

Asimismo, el ministro informó que el Gobierno estudia declarar a esa zona “área silvestre protegida”.

MECANISMO DE RECUPERACIÓN

La titular del Indert recordó que “es totalmente ilegítimo e ilegal” que personas que no se dediquen a la actividad agroganadera ocupen fracciones del Estado.

Ante esta recuperación de terrenos, Giuzzio aseguró que “marca un precedente” y servirá para “establecer un mecanismo de recuperación de propiedades” del Indert que se estén utilizando de forma ilícita.

“El Estado recupera un bien inmueble muy valioso, no solo por la ubicación, sino también por la infraestructura que hoy ya tiene ese inmueble”, agregó el ministro del Interior.

La estancia cuenta con agua propia, hangares, lugar de residencia, un taller de maquinarias, motores generadores y cultivos cercanos al casco de la propiedad, según enumeró Giuzzio.

Además, aclaró que esta propiedad se cede al Ministerio de Defensa por su proximidad a la frontera, pero “en otra situación” sería “ideal” adjudicar los terrenos a personas que requieran “un espacio de tierra para sus cultivos”.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.