Rolón compartió en sus redes sociales un comuni­cado de la Senad que pretende restringir a los medios de comunicación la publica­ción de posibles hechos de corrupción que involucran a agentes especiales y que denotan un llamativo creci­miento patrimonial no acorde a los salarios que perciben.

Asimismo, busca responsa­bilizar a periodistas de vio­lentar leyes que acomodan a su conveniencia para frenar el derecho constitucional de informar. El comunicado institucional en cuestión hace una interpretación arbitra­ria de un artículo de la ley de agentes especiales para instar a no divulgar identidades y así evitar descubrir sospechosos de corrupción.

El comunicado surgió en respuesta a una pesquisa del equipo periodístico de La Nación Investiga, que se encuentra revelando una serie de informes sobre los lujos que ostentan algunos investigadores y analistas que forman parte de la Uni­dad de Inteligencia Sensible (SIU) de la Senad.

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Fuentes antidrogas señala­ban que la serie de revelacio­nes de La Nación Investiga ha generado un tenso ambiente dentro de la institución, y más aún dentro de la SIU, puesto que supuestamente la minis­tra ya había sido informada sobre las ostentaciones y lujos de varios investigadores y analistas de escuchas tele­fónicas, y ahora que se des­tapó la olla, surgen aún más los cuestionamientos inter­nos hacia la administración.

La Nación Investiga reveló cómo Carlos Chamorro Por­tillo y su esposa Natalia Bere­nicce Bareiro, ambos en SIU, con ingresos líquidos que hasta julio del 2022 no llega­ban a los G. 7 millones, aparecieron recientemente en un vehículo de altísima gama 0 Km, adquirieron importantes propiedades, que incluso no aparecen en sus declaracio­nes juradas de bienes. Estas personas tuvieron un incre­mento patrimonial de 700%, ya que al ingresar a la Senad en el 2015 declararon activos de G. 65 millones, pero en la última declaración la pareja pasó a registrar bienes por G. 518 millones.

Lo único que hace la Senad en este caso es buscar frenar las publi­caciones y defender a los agentes especiales sospechados al menos de un incremento excesivo de su patrimonio cuando sus salarios por sí solos no dan, y más aún teniendo en cuenta que esto se da luego de megainvestigaciones contra el crimen organizado que estuvieron plagadas de filtraciones como fue el caso de A Ultranza Py. Además, otro de los que también saltó con sospecha es el caso del director de Operativa Departamental, Abelino Valdez, que consignó en su última declaración jurada de agosto del 2022 propieda­des que estaban y están a nombre de Chamorro.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.