De Barros Barreto, en conversación con la 970 AM, expresó que sobre el decreto 7702 que es atacado por el diario ABC Color, es producto de un trabajo de hace tiempo, con las cuatro modificaciones y que finalmente se logró complementar las leyes para permitir el ordenamiento territorial del Chaco paraguayo.

Expresó que la Secretaría del Ambiente (Seam) fue el primero en entregar certificados ambientales, un incentivo para cuidar los bosques, y que el Presidente de la República Horacio Cartes fue a París a firmar el acuerdo de cambio climático para aportar, con medidas de mitigación, las herramientas que está implementando la cartera estatal.

Con el decreto, se preservarán bosques como el del parque nacional Médanos del Chaco, la zona del Pantanal, la biosfera, entre otros.

“Roque González Vera miente en todas sus publicaciones”, dijo el ministro y explico que el decreto es una herramienta de valoración de los bosques. Recordó que en el Gobierno de Horacio Cartes se disminuyó la tasa de deforestación en 165.000 hectáreas menos que en la presidencia de Fernando Lugo, con el ministro Óscar Rivas, cuando las cifras eran de 451.000 hectáreas.

Expresó además que en la Región Oriental existe una ley clara, que es la 2524 de deforestación cero, que no permite hacer cambio de uso de suelo. “Están confundiendo con que se van a devastar todos los bosques”, dijo el ministro quien aclaró que, al contrario, lo que se busca es la comercialización de certificados ambientales entre privados.

“Es el mejor mecanismo para proteger los bosques, sobre todo la gente que está apostando al cuidado perciba un reconocimiento para que pueda solventar sus gastos. Hoy tenemos 180.000 hectáreas (de bosque) certificadas en ambas regiones”, manifestó.

El ministro agregó que el que no tiene 25% de bosque en su propiedad puede ampliar esa cobertura. Eso hará que cada vez más personas entren al régimen cuando se percaten del incentivo.

Específicamente, dijo que lo que se busca es aprovechar al máximo las unidades productivas que ya están desarrolladas, por ejemplo, el ministro de Agricultura y Ganadería, Marcos Medina, expresó que el país tiene que llegar a las 4.000.000 de cabezas de ganado más para el 2030 y, para ello, son necesarias 4.000.000 de hectáreas más. El decreto permitirá que las áreas que ya están dispuestas para agricultura y ganadería puedan aprovecharse al máximo, siempre teniendo en cuenta las franjas de protección de los bosques y los cauces hídricos.

En el 2004, cuando salió la ley de deforestación cero, todas las ONG salieron a gritar porque se les cayó el discurso… porque no iban a recibir financiamiento del extranjero como siempre lo hacen. Cuando se termina el problema ellos no tienen discurso que valga. En este decreto se está trabajando hace años. Nadie nunca tuvo el coraje de aceptar y empujar. Es una herramienta más. Las herramientas ambientales tienen graduabilidad y flexibilidad cuando vemos que en la práctica no es correcta”, sentenció.

Explicó que el decreto prioriza a propiedades particulares y a las tierras de nativos y que en un segundo orden están los parques nacionales. “Esta gente que hoy está hablando ¿qué ha hecho por el sector ambiental? ¿cuántas hectáreas de bosque WWF está conservando? ¿cuántas hectáreas Óscar Rivas y Lugo? ¿qué legado dejaron?”, cuestionó.

Finalmente, dijo que no tienen problemas de aclarar cuantas veces sea necesario y certificó que nadie va a deforestar el Chaco paraguayo.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.