El ministro de Justicia, Julio Javier Ríos, ratificó este martes que la granja que fue hallada detrás de la Penitenciaría de San Pedro no estaba habilitada, pese a que presuntamente desde el 2013 ya albergaba a los peligrosos reclusos que gozaban de innumerables privilegios.

“Esa granja se hizo sin autorización del Ministerio de Justicia, no existe ninguna resolución al respecto, no existe ninguna comunicación y, evidentemente, el director lo hizo a escondidas”, expresó en charla con radio Monumental.

CUANDO ENTRÓ YA FUNCIONABA

Sin embargo, el exdirector de la Penitenciaria de San Pedro, Wilfrido Quintana, expuso los documentos que avalan que llegó a informar debidamente al Ministerio de Justicia sobre la existencia de dicho establecimiento. “No sé por qué (dice que no sabe nada el Ministro), yo tengo documentos que me respaldan”, acotó.

El 7 de enero, el ahora destituido comunicó a su superior inmediato que el penal contaba con una granja y que tenía la intención de asignarle un nombre. También justificó que cuando asumió en el cargo vio que varios condenados ya estaban residiendo en el lugar.

El 14 de enero recibió la contestación de parte de la Asesoría Legal del Ministerio de Justicia, donde le solicita que remita los proyectos que se ejecutarán dentro de la granja, demostrando de esta manera que se tenía pleno conocimiento de lo que ocurría en el penal.

PIDIÓ TRASLADO DE LOS MIEMBROS DEL PCC

Así también Wilfrido Quintana mostró que solicitó el 17 de mayo pasado al director general Blas Martínez el traslado con carácter urgente de 7 supuestos miembros del Grupo Rotela y otros 7 del Primer Comando Capital (PCC), ya que tras la muerte de otro integrante de este último clan se comenzaron a dar permanentes discusiones y amenazas de muerte.

ADVIRTIÓ POSIBLE INCIDENTE

A todo esto se suma que el exdirector de la Penitenciaria de San Pedro afirmó que el 24 de mayo se comunicó vía telefónica con el comisario Mario Quiñónez, jefe de inteligencia del Ministerio de Justicia, para informarle que tenía información sobre el plan del PCC de introducir armas al penal para cometer un hecho grave.

“Yo comuniqué al Ministerio de Justicia que había una intención de los del PCC de meter armas al Penal”, indicó. “Según mis fuentes, existía la sospecha de que los miembros del PCC estarían queriendo introducir armas dentro del penal. Entonces se hicieron informes de mapeo de las celdas. La masacre se pudo haber evitado”, lanzó.

ASÍ INICIÓ LA GRESCA

El extitular penitenciario indicó que la gresca comenzó cuando los integrantes del clan Rotela derribaron el portón de acceso a su pabellón y se dirigieron hacia donde estaban los del PCC, quienes terminaron reaccionando de la peor manera.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.