Las principales autoridades financieras y administrativas del Ministerio de Salud Pública, encabezados por el ministro Julio Borba, comparecieron esta tarde ante la Comisión Bicameral de Control de los Recursos previstos en la Ley de Emergencia.

Según el informe exhibido por los representantes del Senado, el presupuesto para Gastos COVID que tenía el Ministerio de Salud es de USD 250 millones, de los cuales USD 56 millones ya fueron ejecutados este año.

El saldo no ejecutado por la cartera sanitaria es de poco más de 200 millones de dólares, situación que fue cuestionada por los parlamentarios debido a que exigen múltiples carencias durante la pandemia.

Durante su alocución, el ministro de Salud fue tajante al afirmar: “No hay más recursos, todo está comprometido”. De esta manera, dio a entender que ya no disponen de recursos para utilizar a partir de ahora, en vista a las obligaciones asumidas.

“Les pido ayuda, les ruego apoyo para sacar adelante esta gestión que no significa beneficio personal sino salvar vidas de compatriotas”, refirió Borba al dirigirse a los legisladores de la citada comisión.

Rita Villalba, directora de Administración y Finanzas del MSPBS, explicó que, en lo que se refiere a los fondos de emergencia, de un presupuesto total de USD 227 millones, solo queda un saldo disponible de USD 60 millones.

Teniendo en cuenta el plan financiero vigente, los compromisos y obligaciones asumidas, las facturas pendientes de pago y los llamados en proceso de adjudicación y ejecución, el Ministerio de Salud registra, a la fecha, un saldo negativo de USD -183 millones.

El encargado de Presupuesto del MSPBS confirmó que en el periodo 2020, de los USD 422 millones transferidos por parte del Ministerio de Hacienda, se logró una ejecución de entre el 60 y 67%. Para este año quedó el remanente de aquel presupuesto para ejecutar, añadió.

En otro momento de la comparecencia, mencionaron que el Ministerio de Hacienda sólo transfirió unos USD 180 millones de los casi USD 500 millones que habían sido otorgados en el contexto de la pandemia.

La reglamentación de esta ley implica que el científico paraguayo va a tener mejores herramientas para poder realizar su tarea, y la carrera misma del investigador toma otra preponderancia, según explicó el presidente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), Benjamín Barán, quien además destacó que la carrera del investigador está plenamente vigente.

El decreto firmado por el presidente Santiago Peña busca sentar las bases para la implementación de una política pública que impulse la labor científica, con observancia de principios y valores éticos, esperando que su labor redunde en beneficio de la calidad de vida de toda la población.

Por su parte, el asesor presidencial en materia científica, Antonio Cubilla, destacó que esta reglamentación marca un hito en la historia de la ciencia paraguaya y resaltó el gran apoyo del presidente Santiago Peña quien brindó todas las garantías para que se lleve adelante este proyecto.

Asimismo, se crea una estructura orgánica dentro del sistema que tendrá como rol la implementación de las disposiciones legales y reglamentarias que rigen la actividad científica y, en particular, los mecanismos y lineamientos para el acceso, permanencia, ascenso, descenso o salida de los investigadores del sistema.

El fiscal Edgar Benítez Delgado, de la Unidad Especializada en la Lucha contra la Propiedad Intelectual, el Contrabando, Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, allanó el local de “Cable Visión Kaarendy” de la ciudad de Juan León Mallorquín y decomisó equipos codificadores que transmitían señales ilegalmente.

La intervención se produjo tras una denuncia presentada por representantes de empresa Teledeportes Paraguay y en cumplimiento de una disposición judicial firmada por el juez de atención permanente, Amílcar Antonio Marecos.

Los responsables del hecho serán investigados por los presuntos delitos de violación del derecho de autor y aprovechamiento clandestino de señal.

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La mayor proporción de las 2.268 familias afectadas se reporta en Ñeembucú, departamento declarado en situación de emergencia. Allí, hay 2.204 familias damnificadas y desplazadas por la crecida de las aguas, con anegamiento de sus viviendas, pérdidas materiales y daños en cultivos. Igualmente se encuentran afectadas unas 64 familias provenientes del departamento de Misiones.

De dicha cifra, las Unidades de Salud de la Familia (USF) asistieron a unas 1.628 personas, con atención médica y vacunación. También se brindó provisión de víveres a través de la gobernación de Ñeembucú.

Los principales problemas de salud registrados fueron diarrea y enfermedades tipo influenza (ETI). No se registran accidentes por animales ponzoñosos.

Existe una alta probabilidad de que se generen fenómenos de tiempo severo en el transcurso de lo que queda de esta semana en Misiones y Ñeembucú.

En Limpio, Pilar y Tacuaras se estableció emergencia distrital.