Las principales autoridades financieras y administrativas del Ministerio de Salud Pública, encabezados por el ministro Julio Borba, comparecieron esta tarde ante la Comisión Bicameral de Control de los Recursos previstos en la Ley de Emergencia.

Según el informe exhibido por los representantes del Senado, el presupuesto para Gastos COVID que tenía el Ministerio de Salud es de USD 250 millones, de los cuales USD 56 millones ya fueron ejecutados este año.

El saldo no ejecutado por la cartera sanitaria es de poco más de 200 millones de dólares, situación que fue cuestionada por los parlamentarios debido a que exigen múltiples carencias durante la pandemia.

Durante su alocución, el ministro de Salud fue tajante al afirmar: “No hay más recursos, todo está comprometido”. De esta manera, dio a entender que ya no disponen de recursos para utilizar a partir de ahora, en vista a las obligaciones asumidas.

“Les pido ayuda, les ruego apoyo para sacar adelante esta gestión que no significa beneficio personal sino salvar vidas de compatriotas”, refirió Borba al dirigirse a los legisladores de la citada comisión.

Rita Villalba, directora de Administración y Finanzas del MSPBS, explicó que, en lo que se refiere a los fondos de emergencia, de un presupuesto total de USD 227 millones, solo queda un saldo disponible de USD 60 millones.

Teniendo en cuenta el plan financiero vigente, los compromisos y obligaciones asumidas, las facturas pendientes de pago y los llamados en proceso de adjudicación y ejecución, el Ministerio de Salud registra, a la fecha, un saldo negativo de USD -183 millones.

El encargado de Presupuesto del MSPBS confirmó que en el periodo 2020, de los USD 422 millones transferidos por parte del Ministerio de Hacienda, se logró una ejecución de entre el 60 y 67%. Para este año quedó el remanente de aquel presupuesto para ejecutar, añadió.

En otro momento de la comparecencia, mencionaron que el Ministerio de Hacienda sólo transfirió unos USD 180 millones de los casi USD 500 millones que habían sido otorgados en el contexto de la pandemia.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.