• Por Rossana Escobar M.
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La primera gestión del ministro de Justicia, Édgar Olmedo, al asu­mir el cargo fue la incorpora­ción de una decena de opera­dores políticos de Caaguazú, departamento donde está en fuerte campaña por la dipu­tación.

Nuestro diario había denun­ciado en marzo pasado, que 22 días después de asumir el cargo, Olmedo estaba insistiendo al Ministerio de Hacienda el “contrato tem­poral” de sus seguidores al degradado Ministerio de Justicia, por el dominio que tienen los grupos delictivos, clanes de reos, como el clan Rotela a quien en Tacumbú lo consideran el verdadero ministro.

Con los chequeos en el portal de Transparencia y consul­tas que realizamos a Hacienda constatamos que efectiva­mente ya se encuentran col­gados del Estado, los opera­dores del ministro Olmedo, aliado también de Mario Varela, ministro de Desa­rrollo Social y candidato a senador por el oficialismo. Ahí nos enteramos de otros pedidos para ingreso masivo durante la campaña electo­ral, bien enfocado en el depar­tamento de ambos políticos.

Es así que, tras 4 meses en el puesto la voraz administra­ción de Olmedo, quiere sal­tar de 10 recomendados a la contratación de 763 nuevos funcionarios, valiéndose de la emergencia sanitaria y jus­tificando los masivos ingre­sos con personal de blanco.

Aparecen varias notas remitidas al Ministerio de Hacienda en una misma fecha (31 de mayo del 2022), solicitando la aprobación del Equipo Económico “de vacancias en el marco de la emergencia sanitaria para contratar mediante con­curso de méritos simplifi­cado para funcionarios”. Los pedidos se fragmentan de la siguiente manera: 136 personal de blanco más otros 627 entre agentes peniten­ciarios, educadores, número en el que también deslizaron el pedido de incorporación de administrativos.

Olmedo fundamentó las centenares de contratacio­nes porque hay “un gran aumento de personas pri­vadas de su libertad por año”.

“El pedido ingresó recien­temente, se están haciendo los análisis técnicos res­pectivos para que el Equipo Económico dé su parecer”, señalaron desde el gabinete del Ministerio de Hacienda. Mientras tanto la presión política para abrir la canilla de contratación acude a tele­fonazos a todos lados, pero la situación financiera no está favoreciendo.

En paralelo, también el pro­yecto iniciado por el dipu­tado Arnaldo Samaniego de retornar un pago de subsi­dio generalizado no se está pudiendo concretar, debido a los continuos problemas de seguridad que afectan a las penitenciarías que parecie­ran estar más controladas por los presos que por las autoridades.

La intención de los sindicalis­tas es pagar subsidio bimestral de G. 1.700.000 a todo el funcionariado de las peniten­ciarías, utilizando de panta­lla a los guardiacárceles que sí trabajan horario continuado de 24 horas. Este pedido no está pudiendo seguir su curso en el Senado y genera seguidi­lla de manifestaciones.

Entre las primeras contra­taciones que urgió Olmedo al Ministerio de Hacienda están Delia Gómez Román, Julio Rivas, Daisy Yohanna Martínez, Víctor Manuel Godoy, Nelson Rolando Barreto, Lorgio Patiño Pavón, Víctor Varela, todos operadores del equipo Varela–Olmedo en Caa­guazú; actualmente privi­legiados del Estado.

El viceministro de política Criminal, Daniel Benítez Romero, que está en Justicia después de pasar por el Indi, había prometido en varias entrevistas que se ocupará del estricto monitoreo en las peniten­ciarías, sin embargo, resultó ser un leal más reubicado por Olmedo.

Benítez fue uno de los que orga­nizaron un apresurado encuen­tro con la prensa al frente de la Penitenciaría de Tacumbú, cuando nuestro medio publicó una serie de investigaciones sobre el relajado control en este establecimiento.

Redes sociales están minadas de fotos y vídeos posteados por los reos desde distintos puntos de las cárceles, mostrando farras, consumo de alcohol, armas filosas, hasta drogas. En pesquisas que realizamos, tam­bién se observaron cómo entran y salen camiones, algunos con carro­cerías completamente cerradas, pero que no quedan en el libro de control de acceso.

Benítez junto con autoridades penitenciarias habían anunciado un sumario para identificar responsabilidades, pero desde ese momento ya no contestan las llamadas y tras esa fugaz reunión de prensa terminaron escondidos de la situación.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.