De enero a mayo de 2019, la Corte derivó al Ministerio de Justicia la friolera suma de G. 25.815 millones, unos 4 millones 200 mil dólares, de las recaudaciones en concepto de ingresos judiciales.

Tomando en cuenta que durante el año pasado Justicia recibió en promedio 5 mil millones de guaraníes mensualmente, en lo que va de la administración del ministro Julio Javier Ríos (desde agosto del año pasado) ya se destinaron casi 46 mil millones de guaraníes (en dólares unos 7.4 millones) de las tasas judiciales.

Este fondo fue creado hace 25 años para construir penitenciarías con alguna variación de porcentajes, por lo que hace décadas existe un rubro específico para las cárceles. En ese sentido la ley 2388/4 señala que el 21% de las tasas judiciales se destinará a Justicia, de los cuales el 30% irá a programas de acción y el 70% a inversión física para construcción y mejoramiento de penitenciarías.

“Antes de echar mano a recursos del Tesoro Nacional, del Crédito Interno y Externo, Recursos Propios y Privados de binacionales para la construcción de cárceles, el Ministerio debe explicar qué hace con los fondos que le provee la Corte Suprema”, esgrimió la periodista Estela Ruiz Diaz, en su cuenta de Twitter.

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LO QUE DICE LA LEY AL RESPECTO

RESPUESTA

En respuesta Alejandro Buzó, director de Planificación y Desarrollo Institucional del Ministerio de Justicia, respondió que dicho 21% de las tasas, en realidad por muchos años solo consistió en la mitad, lo que equivale unos 106.000 millones de guaraníes.

“El caos del sistema judicial, con la población de casi 13.000 procesados, le cuestan a Justicia unos 250.000 millones de guaraníes. Si se resta el monto, la pérdida para el Ministerio es de 106.000 millones”, alegó. “Y haciendo la resta del presupuesto del Ministerio de unos 330.000 millones (sacando al Registro Civil), de esos 250.000 millones menos, ¿cuánto queda para cumplir con todos los servicios a su cargo?”, agregó.

Buzó justificó que a lo anterior se suma que la infraestructura penitenciaria tiene más de 50 años sin inversión real y sostenida, y sin haber planificado el impacto de los cambios normativos. “También me sumo a querer saber qué hicieron hace 25 años con los primeros fondos, que eran del cerca del 50%”, puntualizó.

Los procedimientos fueron encabezados por el fiscal antidrogas Néstor Narváez, en el marco del Operativo Arambe II en el departamento de Canindeyú, desarrollado del 23 al 25 de abril de 2024,.

Los trabajos de control se desarrollaron en las zonas rurales del distrito de Villa Ygatimi, y los datos finales señalan que la pérdidas económicas aproximadas para los grupos criminales que operan en estas actividades ilicitas alcanzan la suma de Gs. 22.037.000, equivalente a US$ 2.966.000.

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Durante los procedimientos llevados en forma conjunta con los agentes antinarcóticos de la Policía Nacional se logró la destrucción de 48 hectáreas de supuesta marihuana en etapa de cosecha, distribuidas en 14 parcelas, equivalentes a 144.000 de kilos de marihuana prensada.

Además, se requisaron 6250 kilogramos de supuesta marihuana picada. También se destruyeron once campamentos precarios ubicados en la zona y se requisaron diez zarandas y enseres varios.

La ley establece que el Consejo Nacional de la Lectura y el Libro, presidido por la Secretaría Nacional de Cultura y acompañado por el Ministerio de Educación y Ciencia y el apoyo de la Secretaría de Políticas Lingüísticas, deberán diseñar y conducir el Plan Nacional de fomento del libro y la lectura.

Deberán facilitar el acceso de toda la población a las bibliotecas públicas, principalmente, de las personas en condiciones de vulnerabilidad, mediante la incorporación de nuevas tecnologías de la información y el conocimiento, articular la compra de libros de autores nacionales e internacionales destinados a bibliotecas públicas, comunitarias y a aquellas habilitadas en espacios no convencionales, impulsar la investigación científica en el ámbito de la lectura, el libro y el acceso a la cultura, además de otras disposiciones.

Trabajarán con las gobernaciones y los municipios la implementación de programas locales de fomento al libro y la lectura y la correspondiente asignación presupuestaria anual, según la particularidad de sus territorios.

En los casos de territorios en frontera, los planes incluirán, al mismo tiempo, programas de afirmación de la soberanía cultural y de fomento de la integración regional, promoviendo acciones conjuntas con los países vecinos, que beneficien el intercambio de libros, conferencias, presentación de autores, entre otras iniciativas.

La suspensión se realizó vía sumario en la causa Dubini Franco, que actualmente está en audiencia preliminar. El argumento es por “faltar el debido respeto a magistrados, otros profesionales, funcionarios u otras personas, en el ejercicio de sus funciones, cuando el hecho no sea de tal entidad que constituya una falta grave”.

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Según Daniel Lobo, el sumario se aplicó tras la denuncia que hizo la magistrada Rosarito Montanía en su contra luego de que la acusara de violar la constitución en la causa Dubini Franco.

“Voy a iniciar mi batalla, voy a volver a recurrir al Colegio de Abogados, le puede ocurrir a cualquiera que objete que estén violando sus derechos. La Corte pretendió quitarme de la audiencia preliminar, no espero mucho de la Superintendencia de la Corte, yo presenté una recusación. Los 9 ministros son mi contraparte”, expresó el abogado a la radio 650 AM.

Para Lobo, la decisión de la Corte es arbitraria por lo que anunció que planteará un recurso de reconsideración y recurrirá a instancias internacionales, si es necesario.

“Esto es algo que yo me esperé, que iba a ocurrir. Tengo un equipo profesional que me asiste, para llevar a lo internacional. No podemos esperar que la Corte Suprema aplique la ley. Lo mas rápido va a ser iniciar la demanda por daño moral. Eso encuentra sustento en la arbitrariedad. Voy a recurrir al recurso de consideración”, refirió.

Daniel Lobo es abogado defensor de José “Pastor” Insfrán, supuesto narcotraficante detenido en el operativo A Ultranza Py.

Por su parte, Rodríguez Palacios también fue amonestado por la Corte por las iguales razones, supuestos ataques a la misma magistrada.