Ministro Ríos recibió más de US$ 7 millones para las cárceles: ¿qué pasó con la plata?

JJ Ríos, ministro de Justicia. Foto: La Nación.

Tan solo de enero a mayo de este año, la Corte Suprema de Justicia dio más de 4 millones de dólares al Ministerio de Justicia para la construcción de nuevas penitenciarías. Estas transferencias se realizan hace 25 años, pero no se sabe a dónde realmente va a parar el dinero.

De enero a mayo de 2019, la Corte derivó al Ministerio de Justicia la friolera suma de G. 25.815 millones, unos 4 millones 200 mil dólares, de las recaudaciones en concepto de ingresos judiciales.

Tomando en cuenta que durante el año pasado Justicia recibió en promedio 5 mil millones de guaraníes mensualmente, en lo que va de la administración del ministro Julio Javier Ríos (desde agosto del año pasado) ya se destinaron casi 46 mil millones de guaraníes (en dólares unos 7.4 millones) de las tasas judiciales.

Este fondo fue creado hace 25 años para construir penitenciarías con alguna variación de porcentajes, por lo que hace décadas existe un rubro específico para las cárceles. En ese sentido la ley 2388/4 señala que el 21% de las tasas judiciales se destinará a Justicia, de los cuales el 30% irá a programas de acción y el 70% a inversión física para construcción y mejoramiento de penitenciarías.

“Antes de echar mano a recursos del Tesoro Nacional, del Crédito Interno y Externo, Recursos Propios y Privados de binacionales para la construcción de cárceles, el Ministerio debe explicar qué hace con los fondos que le provee la Corte Suprema”, esgrimió la periodista Estela Ruiz Diaz, en su cuenta de Twitter.

RECAUDACIÓN DEL PODER JUDICIAL
LO QUE DICE LA LEY AL RESPECTO

RESPUESTA

En respuesta Alejandro Buzó, director de Planificación y Desarrollo Institucional del Ministerio de Justicia, respondió que dicho 21% de las tasas, en realidad por muchos años solo consistió en la mitad, lo que equivale unos 106.000 millones de guaraníes.

“El caos del sistema judicial, con la población de casi 13.000 procesados, le cuestan a Justicia unos 250.000 millones de guaraníes. Si se resta el monto, la pérdida para el Ministerio es de 106.000 millones”, alegó. “Y haciendo la resta del presupuesto del Ministerio de unos 330.000 millones (sacando al Registro Civil), de esos 250.000 millones menos, ¿cuánto queda para cumplir con todos los servicios a su cargo?”, agregó.

Buzó justificó que a lo anterior se suma que la infraestructura penitenciaria tiene más de 50 años sin inversión real y sostenida, y sin haber planificado el impacto de los cambios normativos. “También me sumo a querer saber qué hicieron hace 25 años con los primeros fondos, que eran del cerca del 50%”, puntualizó.

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Pensión alimentaria cubre al 55,4% de los adultos mayores 

Foto: archivo.

Al cierre de este año, un total de 310.609 personas reciben la pensión alimentaria, representando al 55,4% de la población de 65 años y más estimada para diciembre de 2023, según datos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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Anuncian concurso para 50 cargos en Diputados e investigación de planillerismo

Raúl Latorre, presidente de la Cámara de Diputados.

El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, anunció un llamado a concurso de méritos para la contratación de 50 personas. Además, una investigación de los casos de planillerismo. No se tomará ninguna medida con la designación de los “hijos de”, alegando que los nombramientos no representan una forma de nepotismo.

En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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Oficializan entrega de armas incautadas en Operativo Dakovo a la Policía Nacional

Miles de armas incautadas en el Operativo Dakovo fueron entregadas a la Policía Nacional. Foto: SENAD.

Las más de 2.000 armas de fuego incautadas en el marco del Operativo Dakovo fueron entregadas este viernes a la Policía Nacional, a fin de reforzar el combate a los criminales.

En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.

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