Según publica hoy el MOPC, “el otorgamiento de este permiso por parte del entonces ministro Arnoldo Wiens, fue en respuesta a notas recibidas de la mencionada institución, donde exponen que uno de los justificativos principales, es el reconocimiento a los años de servicio que los inspectores en cuestión han dedicado a la institución, y en razón a que los mismos se encontraban tramitando la jubilación correspondiente, por lo que se les concedió la consideración a fin de regularizar su situación para acogerse a los beneficios del retiro de conformidad a lo establecido en la Ley N° 5498/2015 y en el Decreto N° 8698/2018”.

“La DAJ sostiene que el permiso como Galardón se encuentra regulado en el artículo 76, inciso h), numeral 1 del Anexo del Decreto N° 8698/2018 «Por el cual se reglamentan los artículos 1°, 5°, 6°, 7°, 9°, inciso c) y d), 28, 36, 37, 38, 43 y 51 de la Ley N° 5498/2015, “Que crea la Dirección Nacional de la Patrulla Caminera y establece su Carta Orgánica”», dentro del Capítulo que corresponde a los “Derechos y Obligaciones del Inspector Nacional”, agrega.

La citada dirección del MOPC puntualiza que “los actos administrativos a través de los cuales fueron concedidos los permisos como Galardón no establecen taxativamente la exención de la prestación de servicios por parte de los Inspectores beneficiados, por lo que no podría entenderse o interpretarse como una “autorización tácita” por parte de la Máxima Autoridad para que los mismos no presten ningún tipo de servicio, recayendo así sobre la Dirección Nacional de la Patrulla Caminera la responsabilidad del control de la asistencia de los Inspectores en cuestión a través de sus dependencias”.

Por ello, a los efectos de deslindar cualquier responsabilidad, la Dirección de Asuntos Jurídicos del MOPC ha impulsado el inicio de una investigación administrativa a fin de determinar la responsabilidad en la falta de control de asistencia de los Inspectores beneficiados por el permiso por Galardón.

CONTRALORÍA CONFORMÓ PLANILLERISMO 

Luego de las reveladoras publicaciones de La Nación Investiga, la CGR realizó una auditoría a la Patrulla Caminera, dependiente del MOPC, y confirmó que inspectores generales siguieron percibiendo jugosas remuneraciones entre sueldos, subsidios y todos los beneficios del rango estando en sus casas. Este despilfarro de dinero se dio entre los años 2018 y 2021, aumentando el injustificado gasto de personal.

El informe final de fis­calización especial inmediata a la Direc­ción Nacional de la Patrulla Caminera del Ministerio de Obras Públicas y Comunica­ciones (MOPC) confirma que quince inspectores genera­les percibieron sus haberes de forma ininterrumpida durante tres años sin tener que trabajar. Esto se dio gra­cias a permisos especiales que fueron autorizados por Arnoldo Wiens, entonces ministro del MOPC y hoy precandidato a la Presiden­cia de la República por la Asociación Nacional Repu­blicana (ANR).

El mencionado dictamen de la Contraloría General de la República (CGR) señala que estos 15 inspectores vip de la Caminera percibieron un total de G. 4.672.025.979 durante 36 meses, provocando de esta manera un presunto daño patrimonial al Estado.

Es importante destacar que este informe de fiscalización se realizó tras las publica­ciones del equipo periodís­tico de La Nación Investiga que denunciaba el planille­rismo de varios inspectores vip de la Dirección Nacional de la Patrulla Caminera, y que ahora fue confirmado por la Contraloría General de la República.

El documento también recon­firma que estos quince funcio­narios cobraron sueldos de G. 9,7 millones al mes entre el 27 de agosto del 2018 y el 9 de diciembre del 2021 sin realizar labores operativas, adminis­trativas ni de ninguna clase. Agrega que estos inspectores generales obtuvieron permiso especial como “galardón”, per­cibiendo sus salarios de forma mensual. Sin embargo, se comprobó que los mismos no prestaron sus servicios ope­rativos, no registraron sus asistencias en sus lugares de trabajo y tampoco desempeña­ron alguna función específica comprobada en dicho período de tiempo que los pudieran tor­nar meritorios para ser privi­legiados con licencias o per­misos por galardón tal como establece el decreto reglamen­tario de la Ley de la Patrulla Caminera.

WIENS AVALÓ

Los inspectores vip pasaron largos períodos de tiempo cobrando sus salarios sin hacer nada porque fueron beneficia­dos con tres resoluciones del ex ministro Arnoldo Wiens. La primera es la resolución MOPC N° 2296/18 que con­cede permiso especial desde el 24 de noviembre del 2018 al 24 de noviembre del 2019; la segunda son las resolucio­nes MOPC N° 2987/2019 y 2991/2019 por las cuales el permiso otorgado va desde el 25 de noviembre del 2019 al 25 de noviembre del 2020; y por último está la resolución MOPC N° 2317/20 por la que se les otorgó permiso desde el 9 de diciembre del 2020 al 9 de diciembre del 2021.

La Contraloría también des­taca que en ningún momento hubo una evaluación para otorgar estos permisos que afectaron el presupuesto de los ejercicios fiscales del 2018, 2019, 2020 y 2021. El dicta­men hace énfasis en que en la Dirección de Asuntos Jurídi­cos del MOPC no se evidencia­ron entre los antecedentes, el estudio, la evaluación y el aná­lisis efectuado por la Comisión de Calificaciones de la Patru­lla Caminera para otorgar el beneficio a los inspectores, tampoco se observó ningún procedimiento ni requisito establecido, para acceder al permiso especial calificado como “galardón”.

Agrega también que en la Dirección de Recursos Huma­nos del MOPC no obra docu­mento alguno que fuera presentado por la Patrulla Caminera solicitando la asig­nación de funciones espe­cíficas para los inspectores beneficiados por el permiso especial en cuestión. En tanto que sí obran papeles que demuestran que los mencio­nados permisos han sido soli­citados, tramitados y otorga­dos por la Patrulla Caminera.

DEBÍAN PASAR A RETIRO

La Contraloría también señala que estos 15 inspectores vip tenían más de 30 años de ser­vicio o estaban cerca de cum­plirlos, sin embargo, la Patrulla Caminera no realizó las gestio­nes pertinentes ante la Direc­ción General de Jubilación y Pensiones del Ministerio de Hacienda para el pase a retiro correspondiente.

Detalla que seis inspectores generales ya cumplieron los 30 años de servicio a diciembre del 2018, cuando Wiens avaló los permisos especiales para estos y otros más que cobraron sin tra­bajar durante tres años.

El dictamen agrega que para diciembre del 2021 los quince inspectores generales bene­ficiados por el ex ministro ya sobrepasaron los 30 años de servicio.

Por último, es importante des­tacar que en el derecho admi­nistrativo rige el “principio de legalidad”, el cual establece que para los actos administrativos se requiere una autorización expresa o implícita en la ley o reglamento fundado. Ahora bien, considerando justamente este principio, según observa la CGR, ninguno de los actos administrativos/resoluciones mencionan exoneraciones en la presentación del servicio a los inspectores, por lo que no podría entenderse o interpre­tarse como una “autorización tácita”. Y también agrega que la máxima autoridad no debía otorgar estos permisos a los inspectores y que no presten ningún tipo de servicio, ya que en el derecho administrativo “todo lo que no se encuentra expresamente permitido, está prohibido”.

Los inspectores beneficiados con los permisos presunta­mente irregulares otorgados por Wiens son Amancio Morínigo, Ignacio López Corvalán, Édgar Teodoro Articanaba Moreno, Félix Ramírez Palma, Guillermo Brítez Pereira, Ramón Gal­dino Benítez Fernández, Óscar Alberto Benítez Paredes, Blas Adalberto Ponce Ramírez, Cata­lino Meza Barreto, Domingo Méndez Cáceres, Eustacio Igna­cio González, Rodolfo Favio Maldonado Paredes, Tomás Aquino González, Juan José Castiñeira Rivaldi y Reinaldo Giménez Sosa.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.