El MOPC indicó que los reclamos por indemnizaciones impagas en concepto de expropiación y destrucción de mejoras, son reclamaciones de personas que se encuentran en situación irregular y carecen de documentaciones que acrediten derechos dominiales de sus inmuebles o mejoras afectadas dentro de franja de construcción.

Esta circunstancia impide el pago de indemnizaciones en razón de la ausencia de legitimidad de los solicitantes, según indicó dicha cartera de Estado.

Por otra parte, el pago por expropiaciones de inmuebles y destrucción de mejoras a los propietarios de los mismos que acreditaron fehacientemente su condición a través de un Título de Propiedad, cuyo trabajo está concluido, alcanzó a la fecha un monto total de G. 38.375.725.365.

Sobre el tema de las reclamaciones por el cese de actividades comerciales relativas a la aplicación del Art. 8 de la Ley 5389/15, es importante recordar que el mismo establece textualmente lo siguiente:

Art. 8° – “Cuando la expropiación recaiga sobre un inmueble en el que se desarrolla una actividad comercial o industrial con habilitación legal, que no pueda seguir operando por causa de la expropiación, el propietario afectado podrá hacer valer esta circunstancia en su reclamación, acompañado de toda la documentación necesaria, que acredite su habilitación como empresa o actividad comercial afectada, que serán considerados para la determinación del justiprecio.”

La reglamentación de dicho artículo actualmente se encuentra en etapa de finalización por parte del Poder Ejecutivo – Decreto Reglamentario. Concluido el proceso, todos aquellos solicitantes que puedan acreditar su condición mediante los documentos requeridos por la ley serán informados de la cuantificación indemnizatoria por el cese de actividades comerciales.

Respecto a este último punto, el MOPC espera iniciar en marzo las notificaciones a los frentistas que exigen el pago de indemnizaciones tras el cese de actividades a causa de las obras en Tres Bocas.

Fuente: AFP

Durante la gira de seis días, Kishida se reunirá con el presidente francés, Emmanuel Macron, con el mandatario brasileño Luiz Inacio Lula da Silva y el presidente Santiago Peña, informó su despacho.

“Este es el año de América Latina, y es el centro de atención del mundo”, afirmó el portavoz del gobierno japonés, Yoshimasa Hayashi, en una rueda de prensa en la que destacó que Brasil preside el G20 y Perú tiene la presidencia del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

“Japón quiere aprovechar esta oportunidad para fortalecer sus vínculos con los países de Latinoamérica”, agregó.

En la reunión con Lula, se espera que Kishida firme un acuerdo de cooperación bilateral sobre varios temas medioambientales, incluyendo el cambio climático y el proceso de reducción de emisiones de carbono, informó la agencia japonesa Kyodo News.

Puede interesar: ‘Elon Musk’ estafa 50.000 dólares a una surcoreana enamorada

Kishida viajará con representantes de al menos 40 empresas, con el objetivo de aumentar las inversiones de Japón en Brasil y de impulsar la cooperación en tecnologías verdes, indicó el diario Nikkei.

El gigante automovilístico japonés Toyota anunció en marzo un plan para invertir 11.000 millones de reales (2.200 millones de dólares) para aumentar la producción de vehículos híbridos en Brasil.

Los procedimientos fueron encabezados por el fiscal antidrogas Néstor Narváez, en el marco del Operativo Arambe II en el departamento de Canindeyú, desarrollado del 23 al 25 de abril de 2024,.

Los trabajos de control se desarrollaron en las zonas rurales del distrito de Villa Ygatimi, y los datos finales señalan que la pérdidas económicas aproximadas para los grupos criminales que operan en estas actividades ilicitas alcanzan la suma de Gs. 22.037.000, equivalente a US$ 2.966.000.

Puede interesar: Presentan propuesta de ley que crea una empresa de transporte público

Durante los procedimientos llevados en forma conjunta con los agentes antinarcóticos de la Policía Nacional se logró la destrucción de 48 hectáreas de supuesta marihuana en etapa de cosecha, distribuidas en 14 parcelas, equivalentes a 144.000 de kilos de marihuana prensada.

Además, se requisaron 6250 kilogramos de supuesta marihuana picada. También se destruyeron once campamentos precarios ubicados en la zona y se requisaron diez zarandas y enseres varios.

La ley establece que el Consejo Nacional de la Lectura y el Libro, presidido por la Secretaría Nacional de Cultura y acompañado por el Ministerio de Educación y Ciencia y el apoyo de la Secretaría de Políticas Lingüísticas, deberán diseñar y conducir el Plan Nacional de fomento del libro y la lectura.

Deberán facilitar el acceso de toda la población a las bibliotecas públicas, principalmente, de las personas en condiciones de vulnerabilidad, mediante la incorporación de nuevas tecnologías de la información y el conocimiento, articular la compra de libros de autores nacionales e internacionales destinados a bibliotecas públicas, comunitarias y a aquellas habilitadas en espacios no convencionales, impulsar la investigación científica en el ámbito de la lectura, el libro y el acceso a la cultura, además de otras disposiciones.

Trabajarán con las gobernaciones y los municipios la implementación de programas locales de fomento al libro y la lectura y la correspondiente asignación presupuestaria anual, según la particularidad de sus territorios.

En los casos de territorios en frontera, los planes incluirán, al mismo tiempo, programas de afirmación de la soberanía cultural y de fomento de la integración regional, promoviendo acciones conjuntas con los países vecinos, que beneficien el intercambio de libros, conferencias, presentación de autores, entre otras iniciativas.