• Por Santiago Rodríguez
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El pasado 23 de mayo apareció en la página de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), el llamado a licitación pública nacio­nal con el título “Adquisi­ción de bienes y servicios para la aplicación de tecno­logías avanzadas en paradas de buses y ómnibus para la fiscalización y seguridad del servicio de transporte público de Asunción y del Área Metropolitana”, por la cual, aparentemente el Ministerio de Obras Públi­cas y Comunicaciones (MOPC) busca convertirse en la nueva sede de la unidad 911 de la Policía Nacional con la compra de 2.000 equipos de GPS, software y hardware necesarios para la construc­ción de un nuevo centro de control y monitoreo cuando el Viceministerio de Trans­porte ya está operando con uno desde el 2020.

La cantidad de circuito cerrado que quiere disemi­nar en el Área Metropoli­tana es comparable a la de un ente estatal encargado específicamente de la segu­ridad. Dentro del apartado de “Detalles de los produc­tos” solicitados dentro del Pliego de Bases y Condicio­nes (PBC) citan la compra de 8.000 cámaras, 2.000 botones de emergencia, 130 equipos WIFI con puntos de carga USB, 6 pantallas de video wall incluyendo acce­sorios, 130 paneles informa­tivos de arribo de buses, 15 estaciones de monitoreo, hasta un sistema de reco­nocimiento facial, aparte de 130 sistemas de valida­ción NFC o tecnología ina­lámbrica, pero para colmo son innovaciones ya incor­poradas a los buses que uti­lizan el billetaje electrónico.

Por otra parte, hoy día los vehículos de transporte público ya poseen varios de estos equipos como pueden ser los equipos de GPS por los cuales los usuarios pue­den ver su posicionamiento vía aplicaciones móviles, también los sistemas de validación NFC por los cua­les se realizan los cobros de pasaje electrónicos. Incluso el Viceministerio ya hace gala actualmente de su Cen­tro de Control y Monitoreo (CCM) mediante el cual se realizaron ya varias mul­tas a empresas de trans­porte por diferencias en el cobro de la tarifa del pasaje o por una baja frecuencia en el tránsito de buses.

Sin embargo, en esta vuelta cotizaron hasta los puertos USB para carga de celula­res, para alargar la lista de ítems en la inflada licitación. Para esta licitación prevén tirar la casa por la ventana y revolucionar con tecno­logía el sistema de seguri­dad en el transporte público. El monto que figura es de G. 84.050.780.456, equi­valente a unos US$ 12,2 millones, una verdadera fortuna coincidentemente con momentos claves de la campaña proselitista en la que el Gobierno tiene un candidato. En el llamado no se precisa todavía fuente de financiamiento, con lo que no se descarta que esta extraordinaria “inversión” sea con otro endeudamiento del país.

Pese a todavía desconocerse de dónde saldrán los fondos para esta licitación, el Vice­ministerio de Transporte considera el pago de anticipo para “de esta manera alen­tar la participación de mayor número de potenciales ofe­rentes en la convocatoria”, según indica el documento de justificación de pago de anticipo firmado por el coor­dinador de Innovación, Juan M. Díaz. “Se prevé el pago de anticipo financiero para que el contratista pueda sol­ventar los costos necesarios para iniciar un proyecto de esta naturaleza”, continúa la nota.

Llama demasiado la aten­ción la forma en la que esta licitación se ve totalmente apresurada. Se espera que el cierre de las ofertas culmine el próximo jueves 16 de este mes. Quisimos interiorizar­nos de los alcances de esta licitación con megatecnolo­gía y compra de equipos de seguridad pocas veces vis­tos incluso en compras del Ministerio del Interior, pero en el MOPC alegaron que el viceministro Víctor Sán­chez, a quien corresponde aclarar, “está con muchas reuniones”. Prometieron responder las consultas este lunes.

La reglamentación de esta ley implica que el científico paraguayo va a tener mejores herramientas para poder realizar su tarea, y la carrera misma del investigador toma otra preponderancia, según explicó el presidente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), Benjamín Barán, quien además destacó que la carrera del investigador está plenamente vigente.

El decreto firmado por el presidente Santiago Peña busca sentar las bases para la implementación de una política pública que impulse la labor científica, con observancia de principios y valores éticos, esperando que su labor redunde en beneficio de la calidad de vida de toda la población.

Por su parte, el asesor presidencial en materia científica, Antonio Cubilla, destacó que esta reglamentación marca un hito en la historia de la ciencia paraguaya y resaltó el gran apoyo del presidente Santiago Peña quien brindó todas las garantías para que se lleve adelante este proyecto.

Asimismo, se crea una estructura orgánica dentro del sistema que tendrá como rol la implementación de las disposiciones legales y reglamentarias que rigen la actividad científica y, en particular, los mecanismos y lineamientos para el acceso, permanencia, ascenso, descenso o salida de los investigadores del sistema.

El fiscal Edgar Benítez Delgado, de la Unidad Especializada en la Lucha contra la Propiedad Intelectual, el Contrabando, Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, allanó el local de “Cable Visión Kaarendy” de la ciudad de Juan León Mallorquín y decomisó equipos codificadores que transmitían señales ilegalmente.

La intervención se produjo tras una denuncia presentada por representantes de empresa Teledeportes Paraguay y en cumplimiento de una disposición judicial firmada por el juez de atención permanente, Amílcar Antonio Marecos.

Los responsables del hecho serán investigados por los presuntos delitos de violación del derecho de autor y aprovechamiento clandestino de señal.

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La mayor proporción de las 2.268 familias afectadas se reporta en Ñeembucú, departamento declarado en situación de emergencia. Allí, hay 2.204 familias damnificadas y desplazadas por la crecida de las aguas, con anegamiento de sus viviendas, pérdidas materiales y daños en cultivos. Igualmente se encuentran afectadas unas 64 familias provenientes del departamento de Misiones.

De dicha cifra, las Unidades de Salud de la Familia (USF) asistieron a unas 1.628 personas, con atención médica y vacunación. También se brindó provisión de víveres a través de la gobernación de Ñeembucú.

Los principales problemas de salud registrados fueron diarrea y enfermedades tipo influenza (ETI). No se registran accidentes por animales ponzoñosos.

Existe una alta probabilidad de que se generen fenómenos de tiempo severo en el transcurso de lo que queda de esta semana en Misiones y Ñeembucú.

En Limpio, Pilar y Tacuaras se estableció emergencia distrital.