Fátima Aguilera, abogada de la mujer imputada, explicó a la radio 650 AM que su defendida y el denunciante tienen una disolución conyugal de hace tiempo, pero que siguen siendo socios comerciales de una empresa.

La letrada detalló que a principios de este año la pareja comenzó a tener conflictos y en enero la mujer denunció al sujeto por violencia familiar. Mientras que en marzo el hombre la denunció por haber instalado un sistema GPS y micrófono en su automóvil.

“La pareja comenzó a tener conflictos, porque el señor maltrató físicamente a la señora y ella denunció eso, pero la otra parte empieza a chicanear, con recusaciones para que los testigos de ella no puedan declarar en el caso de violencia doméstica, por lo que él no está imputado por este hecho”, indicó.

En contrapartida ella sí ya fue imputada por supuestamente haber lesionado el derecho a la imagen del hombre, siendo que “no hay ninguna prueba que la sindique como la autora de la instalación del GPS en el vehículo”, según la abogada. “Él mismo pudo haber colocado”, agregó.

“El hecho de instalar un dispositivo para controlar el movimiento del vehículo fue una decisión que se tomó con él, porque en una reunión con otros empresarios le interesó a ella ese tipo de control porque estaban teniendo inconvenientes dentro de la empresa. Es imposible que él no tenga conocimiento de la instalación, lleva más de 1 hora la colocación”, explicó Aguilera.

“En su declaración ante la Fiscalía, ella dijo que se colocó para precautelar los bienes de la empresa. No dijo que era para controlar a su marido o escuchar sus conversaciones. Ella no tiene ningún interés porque ya está en proceso de divorcio“, agregó.

La letrada presumió que la denuncia del hombre podría ser un medio de presión para que su clienta actúe de cierta forma en otras causas abiertas en su contra.

El juez Rolando Duarte ya fijó para el 17 de noviembre a las 10:30 la audiencia de imposición de medidas para la mujer imputada.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.