Rosa Cáceres, la nueva “crucificada”, es esposa y madre de dos exempleados que trabajaron durante cinco años en la hidroeléctrica compartida por Paraguay y Brasil.

La mujer dejó a sus nueve hijos en Ciudad del Este, a unos 370 kilómetros de la capital, para acompañar a los tres “crucificados” y al resto de compañeros que les apoyan, que llevan cuatro meses de protesta en una carpa frente a la embajada, en el centro de la capital paraguaya.

Después de santiguarse, y ataviada con un vestido con el blanco, rojo y azul de la bandera paraguaya, Cáceres se confió a Teodorico Franco, extrabajador de la represa y encargado de atravesar la piel que separa los dedos de sus manos con dos largos clavos.

Mientras, el trío de “crucificados”, Roberto González, de 61 años, Roque Samudio, de 58, y Gerardo Orué, de 49, entonaban cánticos religiosos en honor a la imagen de la Virgen que preside la escena desde un pequeño altar.

“Me siento con mucho dolor, pero no por los clavos, sino por estar en un país tan hermoso como Paraguay, y tener que pasar por esto para pedir por nuestros derechos”, declaró Cáceres.

En consecuencia con ese mensaje, la base de la cruz en la que permanecerá acostada Cáceres llevaba escrito en un cartel “Vencer o morir”, a lo que alguien añadió después: “La mujer paraguaya vencerá”.

Cáceres se une al “martirio” de González, Samudio y Orué, que permanecen siete días alimentándose de suero y de zumo de zanahoria para disminuir las deposiciones y poder permanecer acostados y sin movimientos bruscos.

Reclaman derechos laborales que, según dicen, se les adeudan por un convenio suscrito en 1974 por los gobiernos, entonces dictatoriales, de Paraguay y Brasil.

El monto acumulado por estos incentivos se estima en 3.523.500 guaraníes (unos 760 dólares) por empleado y mes trabajado, detalló Carlos González, uno de los portavoces de la Coordinadora General de los Extrabajadores de Itaipú y Contratistas.

“Muchos de los que estamos protestando acá somos personas de la tercera edad. Ya no luchamos por un tema económico, sino por que se respeten nuestros derechos laborales”, declaró González.

Recordó que las movilizaciones en la represa se cobraron ya la vida de dos trabajadores, Hermenegildo Benítez y Germán Cardozo, fallecidos a consecuencia de la represión policial durante la segunda huelga de Itaipú, el 12 de diciembre de 1989.

“Los compañeros que están ahora crucificados también están ofreciendo su vida. El problema no son los clavos que los sujetan, sino la presión emocional que soportan”, explicó.

Añadió que el estado anímico de los trabajadores en protesta puede desencadenar problemas cardíacos o accidentes cerebrovasculares.

“Estamos muy cerca del final de año. Es una época para estar en familia. Ojalá recibamos ya una respuesta y no tengamos que pasar nuestra tercera Navidad en las carpas”, expresó.

En caso contrario, no faltan nuevos candidatos a sumarse al “Calvario” de los cuatro “crucificados”.

Angelina Carballo, de 72 años y exempleada del vivero forestal de Itaipú, aseguró que será “la próxima en crucificarse” si los trabajadores no reciben una respuesta a sus reclamos en los próximos días.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.