Mujeres representantes de pueblos indígenas que viven en aislamiento voluntarios denunciaron que el peligro de muerte cada es es más fuerte a causa de la deforestación a lo que se suman los incendios forestales que afectan su territorio.

“Miles de familias indígenas se enfrentan cada vez con mayor dificultad a la enorme presión por la expansión de la soja y la ganadería, que deriva en la deforestación de nuestros bosques y esto, a su vez implica la pérdida de seguridad alimentaria, de materia prima para las artesanías, de nuestras medicinas ancestrales, de la cultura y nuestra espiritualidad y del derecho a vivir en un hábitat saludable”, señala parte del documento presentado a autoridades del Ministerio de la Mujer y del Instituto Paraguayo de Artesanía (IPA).

La denuncia también incluye la realidad de estas familias que siguen peleando por la devolución de sus territorios como el caso de la comunidad Tekoha Sauce y los pueblos enfrentan una enorme burocracia para la transferencia y titulación de tierras, lo que da oportunidad a que capitales extranjeros se apropien de esos territorios mediante la corrupción estatal”, señala parte de la denuncia presentada a autoridades del Ministerio de la Mujer y del Instituto Paraguayo de Artesanía (IPA).

En cuanto a salud y educación, las mujeres señalaron la necesidades de prestar mayor atención del Estado a la educación y salud indígena que atraviesa situaciones como el bajo nivel de escolarización por falta de escuelas y colegios y también por la falta de caminos de todo tiempo y por el alto costo de acceso a las universidades.

Esta situación tiene como consecuencia niñas, niños sin estudios y jóvenes desocupados, sin acceso al empleo y cada vez más expuestos al uso de drogas y otras circunstancias que ponen en peligro a las familias.

“Todas estas falencias y falta de oportunidades generan desplazamiento forzado ya que en búsqueda de educación, salud, empleos en los que se exponen a explotación, los miembros de las comunidades terminan estableciéndose en otro lugar de manera definitiva. Como consecuencia se amplían los cordones de pobreza urbanos”, indican en el documento.

Otro punto de reclamo es la soberanía alimentaria de los pueblos indígenas. Piden rescatar y promocionar el conocimiento tradicional, medicinal y artesanal que se encuentra en riesgo y proponer hacerlo mediante capacitación técnica, planes de producción y distribución que garanticen la sostenibilidad de las comunidades y medios de vida propios.

La solicitud también incluye que las secretarías de atención a pueblos indígenas de las gobernaciones puedan trabajar en relevar datos sobre la situación integral de las comunidades y que se pueda garantizar que los pueblos tengan un promotor de salud de preferencia de la comunidad y que se les otorgue los medios necesarios para la atención integral de la población rural como urbana que hasta ahora mueren por causa de enfermedades prevenibles.

El documento fue entregado a Ana María Allen, presidenta del Instituto Nacional del Indígena (INDI) con copias a Soraya Bello del IPA, Ladislaa Alcaraz y Sonia Ávalos de la Secretaría de Políticas Lingüísticas además de Lidia Arellano y Princesa Lezcano del Ministerio de la Mujer.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.