“En Paraguay impera una cultura patriarcal y machista, que impulsa al hombre hacia los cargos públicos y relega a la mujer al ámbito privado. Esta cultura se traduce en las estructuras de los partidos políticos, especialmente en los partidos tradicionales”, expuso Taborga.

En el país, sólo un 7,6% de los cargos de las intendencias (alcaldías) son ocupados por mujeres, que representan al 22% de las concejalas en los municipios, según los últimos datos recabados por ONU Mujeres.

Taborga aseguró que desde el año 2001 ha habido un crecimiento en el número de mujeres en puestos políticos, pero a un ritmo tan lento que serían necesarios 100 años para lograr la efectiva paridad entre hombres y mujeres en cargos públicos.

Según la representante de ONU Mujeres, el problema de la falta de representación femenina radica en que, si bien las mujeres son incluidas en las listas electorales, se introducen sus candidaturas en lugares en los que será difícil que salgan elegidas.

“En Paraguay se establece por ley una cuota del 20% para las mujeres en las listas electorales, y se observa que hay cerca de un 30% de candidatas. Sin embargo, las mujeres no suelen estar en los puestos preferenciales de las listas, que se siguen reservando a los hombres”, denunció.

Taborga sugirió utilizar estrategias como la alternancia de sexos a la hora de conformar las listas de candidaturas, conocidas en otros países como “listas cremallera”.

“Las cuotas en Paraguay no están produciendo ningún resultado. La igualdad, con la presencia en las instituciones públicas de un 50% de hombres y un 50% de mujeres, es la única manera de llegar a una verdadera representatividad de la población”, argumentó.

Para lograr una mayor inclusión y representación femenina en las listas electorales de cara a las elecciones municipales del próximo noviembre en Paraguay, ONU Mujeres lanzó esta semana la campaña de concienciación “Más mujeres, mejor democracia”.

En ella participaron líderes de diferentes sectores políticos del país, como Lilian Samaniego, primera presidenta del Partido Colorado en sus 124 años de historia, la diputada Rocío Casco, del partido Avanza País, o Lilian Soto, principal referente del partido feminista Kuñá Pyrendá.

Según Taborga, todas ellas coincidieron en criticar los “altos costes personales” que tiene para las mujeres asumir puestos de responsabilidad política.

Paraguay fue el último país de Sudamérica en aprobar el sufragio femenino, en el año 1961, y ostenta uno de las menores tasas de representación parlamentaria femenina de América Latina y el Caribe, con un 15% de mujeres senadoras y diputadas en 2014, según los últimos datos del Banco Mundial.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.