De acuerdo con la reglamentación concluida ayer por la tarde, los trámites para la aplicación de la sanción pasarán por varios pasos.

Una vez concluidas las elecciones, se abre un plazo de 120 días, para que la Dirección del Registro Electoral elabore una lista de ciudadanos que figuran en el padrón, pero que no fueron a votar el 30 de abril. La nómina incluirá departamento, distrito, zona, local y mesa de votación e incluso número de orden.

De esta nómina quedarán excluidos, por estar exentos de esta obligación, las siguientes personas: mayores de 75 años, residentes en el extranjero en cuyas ciudades no se habiliten mesas, los privados de su libertad por orden judicial, los magistrados electorales y los funcionarios del TSJE que trabajen el día de los comicios. Antes de hacer estas exclusiones, se podrá solicitar un justificativo, en caso de ser necesario.

Una vez depurada la lista, será enviada, dentro del plazo mencionado, a la Fiscalía de Delitos Electorales, donde los agentes, a su vez, luego de una verificación “caso por caso”, solicitarán al Juzgado Electoral la aplicación de la multa prevista. El pedido incluirá el documento original de la Justicia Electoral y “demás pruebas”.

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“Será un trabajo muy minucioso, cada caso tiene que ser analizado por separado, para averiguar si es cierto que ese ciudadano está o no en falta”, explicó a radio Universo la fiscal electoral de Asunción y Central, Sandra Ledesma.

Una vez que el juez electoral tenga en sus manos la solicitud de aplicar la multa, se dará por iniciado el sumario y se ordenará la publicación de las listas en la página web del TSJE y también en cada oficina distrital del Registro Electoral o cualquier otro medio que considere pertinente.

Las publicaciones incluirán los detalles del lugar y la fecha límite para presentar los justificativos -si los hubiera- por no haber votado o en todo caso, el certificado de votación, si se tratara de un error. Los motivos de salud y de trabajo son razones válidas para no sufragar.

Un día después de la difusión de la lista, comenzará a contarse un periodo de 60 días corridos, para la presentación de los justificativos, según el artículo 12 de la reglamentación.

Una vez que pasen estos 60 días, de no existir ningún justificativo, el juez electoral dictará la sentencia definitiva que ordene el pago de la multa, la cual, deberá ser abonada (un jornal mínimo=  G.98.000 ) dentro de los 30 días corridos de haber quedado firme la sentencia. Si el juez considera que hubo justificación para no votar, rechazará el pedido de la Fiscalía de aplicar la multa.

Nuevamente será publicada la lista de sancionados (con sentencia firme) en la web del TSJE. La medida podrá ser recurrida en el plazo de tres días desde su publicación. Superado ese tiempo, la nómina quedará de manera permanente en formato de datos abiertos. Se excluirá de forma inmediata al que abone la multa.

UNA INSTANCIA MÁS, POR SI EL PROCESO FUERA CORTO

Si quedó corta esta serie de trámites explicados más arriba, que incluye al TSJE, la Fiscalía y el Juzgado con sus diversas instancias, la reglamentación incluye a una institución más: la Procuraduría General de la República.

Con la sentencia firme, la Procuraduría podrá promover el procedimiento para el cumplimiento y el pago de dicha multa.

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El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.