Algunas denuncias ya saltaron antes de las publicacio­nes de La Nación, pero recién salen a la luz ahora. Otras, sin embargo, recién ahora se están gestando. Lo cierto y concreto en el caso de Miguel Cuevas es que su paso como gobernador de Paraguarí en el período 2013-2018 –renunció el año pasado para candidatarse como diputado nacional– dejó serias dudas sobre la honestidad con que se mane­jaron los recursos públicos en diferentes facetas de su gobierno departamental.

CHEQUES

Una de las denuncias en contra de Cuevas se pre­sentará hoy ante el Minis­terio Público por parte de Ezequiel Cáceres, concejal municipal de Ybycuí. La pre­sentación de Cáceres guarda relación con la emisión de cheques que hizo la admi­nistración de Cuevas en la gobernación. En efecto, en su solicitud Cáceres pedirá a la Fiscalía que haga un pedido de que se entreguen copias de todos los cheques entre­gados por Cuevas durante su gestión a sectores como “comisiones vecinales”, “comités” y otras agrupacio­nes que figuran dentro del presupuesto como “aporte a entidades sin fines de lucro”. En efecto, solamente en el 2017, la gobernación entregó a este sector unos G. 2.000 millones.

Para el concejal Cáceres existe gran sospecha de que el dinero que fue entre­gado a través de estos che­ques finalmente no llegó a los beneficiarios reales, tal como figura en los documen­tos de la gobernación.

En ese sentido, uno de los casos que puede graficar esta situación tiene que ver con lo sucedido con el Comité de Mujeres Kuña Aty, de Cerro Rokê. A esta organización, la administración de Cue­vas le entregó equipos para crear huertas familiares. La ayuda, que formaba parte de un proyecto más amplio, se componía de entrega de semi­llas, mediasombra, alambres, fertilizantes, un pozo arte­siano con las bombas y equi­pamiento, etc. En suma, todo lo necesario para crear las huertas.

Sin embargo, el pozo nunca se terminó y la compra de fer­tilizantes por G. 10 millones aparece con una factura que sería “clonada”, ya que la fac­tura con el mismo número de timbrado y número de impresión aparece en Caa­zapá y fue entregada por una casa comercial cuyos dueños reconocieron a La Nación y GEN que no trabajan con fer­tilizantes y nunca fueron pro­veedores de la Gobernación de Paraguarí.

El encargado de entregar estos cheques a las organiza­ciones por parte de la gober­nación era Toribio Morel Cha­parro, hoy flamante nuevo director de Finanzas de la Cámara de Diputados, nom­brado como funcionario per­manente por Cuevas.

Otra denuncia que saltó ahora tiene que ver con la restaura­ción de una institución edu­cativa de Quiindy con fondos de Fonacide, que al parecer nunca se terminó. Se trata de la Escuela Básica N° 111 Andrés Bello de dicha ciudad. Las obras tuvieron un costo de G. 187 millones y la lici­tación la ganó la firma CISA Construcciones. Los arreglos en esta institución no se lle­garon a terminar a tiempo. Casos como el de esta escuela Andrés Bello también resal­tan en el informe de la Con­traloría que auditó la gestión de Cuevas en el 2017.

PLANILLEROS

Otra denuncia sobre el manejo de Cuevas de los fon­dos públicos guarda relación con la contratación de funcio­narios sin funciones. Cuando dejó la Gobernación de Para­guarí, encontraron 30 funcio­narios “planilleros”, según confirmó el actual goberna­dor departamental, Óscar Velaztiquí.

Actualmente, en la Cámara de Diputados Cuevas ya hizo 52 nombramientos, la mayo­ría con cargos de directores. Algunos son funcionarios antiguos que son promovidos, pero hay varios que nunca antes habían pisado la cámara y que acceden a cargos impor­tantes sin pasar siquiera por concursos de oposición. Es el caso del nombrado “director de Desarrollo” de la Cámara Baja, Vicente Humberto Vega Dávalos, un seccionalero de Paraguarí e hijo de Vicente Vega Zárate, proveedor de la gobernación en la era de Cue­vas y cuya casa utilizó Fitra SRL –coincidentemente– para instalarse en Sapucai y convertirse en proveedor del almuerzo escolar en los años 2016 y 2017.

Vale recordar, igualmente, que el coordinador del almuerzo escolar de Para­guarí en esos años era Enzo Cuevas, hijo del entonces gobernador y actual presi­dente de la Cámara de Diputa­dos, Miguel Cuevas Ruiz Díaz.

Fiscalía pidió reabrir inves­tigación la semana pasada, el Ministerio Público pidió que se revoque el pedido de desestimación del proceso contra Miguel Cuevas, quien ya había sido denunciado por irregularidades al frente de la administración de la Gober­nación de Paraguarí antes de asumir en la Cámara Baja. El pedido fue realizado por la misma fiscala Sonia Pereira, quien en su momento deses­timó la causa alegando que no se encontraron pruebas contundentes. Sin embargo, ante las evidencias que se publicaron en los últimos días, la agente fiscal pidió reabrir el caso.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.