El domingo 10 de octubre se desarrollarán las elecciones municipales a nivel nacional, a fin de elegir a 261 nuevos intendentes y 2.781 nuevos miembros de juntas municipales.

Desde el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) advierten a los electores sobre las posibles sanciones a las que se exponen en caso de incurrir en los delitos y faltas electorales.

Dichas faltas y delitos electorales están tipificados en la Constitución Nacional, en la Ley Nº 834/96 que establece el Código Electoral, como también en el Código Penal Paraguayo.

DELITOS ELECTORALES

1- VIOLENCIA INDIVIDUAL O COLECTIVA SOBRE ELECTORES: cuando una persona agrede a otras para evitar que voten, que lo hagan en un determinado sentido, contra su voluntad o pretendiendo violar el secreto del voto.

SANCIÓN PREVISTA: de 6 meses a 1 año de cárcel más una multa equivalente a 300 jornales mínimos. Si estos actos se realizan en grupo o portando armas, la pena será de uno a cinco años.

2- RETENCIÓN DE DOCUMENTOS DE IDENTIDAD: cuando una persona retiene irregularmente la cédula de identidad de electores el día de los comicios o exige la emisión del voto en determinado sentido, ofreciendo un pago o remuneración económica.

SANCIÓN PREVISTA: de 1 a 2 años de cárcel más una multa equivalente a 300 jornales mínimos.

3- IMPEDIMENTO DE ENTRADA, SALIDA O PERMANENCIA: cuando una persona impide el ingreso, la salida o en todo caso la permanencia de otros votantes, candidatos, apoderados o veedores en locales de votación.

SANCIÓN PREVISTA: de 6 meses a 2 años de cárcel más una multa equivalente a 300 jornales mínimos.

4- VOTACIÓN REITERADA: cuando se vota más de una vez en una misma elección.

5- DIFUSIÓN DE PROPAGANDA ELECTORAL: cuando se difunden sondeos de opinión sobre preferencia de electores, boca de urna fuera del periodo previsto.

SANCIÓN PREVISTA: de 2 a 6 meses de cárcel más una multa equivalente a 500 jornales mínimos.

FALTAS ELECTORALES

1- EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS: comercialización de cualquier tipo de bebida alcohólica 12 horas antes de las elecciones municipales, es decir, desde el sábado a las 19:00 horas y durante todo el día domingo.

SANCIÓN PREVISTA: multa de 50 a 200 jornales mínimos.

2- PERTURBACIÓN DEL ORDEN: cuando una persona comete algún tipo de acto que pudiera perturbar el orden en recintos electorales, ingresando en estado de ebriedad, bajo los influjos de estupefacientes o armados, provocando tumultos que entorpezcan o interrumpan el normal desarrollo de las actividades.

SANCIÓN PREVISTA: multa de 10 a 20 jornales mínimos.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.