Una de las obras ban­dera de este gobierno es la construcción del puente internacional entre Carmelo Peralta (Alto Paraguay) y Puerto Mur­tinho (Mato Grosso, Brasil), financiada con recursos de Itaipú, para la cual se hizo una maniobra para evitar que el Congreso interfiera y entonces tener la canilla libre de los fondos de la hidroeléc­trica, hecho que ya quedó a la vista con el uso discrecio­nal que le han dado a unos G. 8.300 millones.

Intendente de Carmelo Peralta se desentiende de proveer información.

Este puente costará G. 649.483.986.793, unos US$ 92 millones, y la jugada detrás de esta obra fue cederle a la Municipalidad de Carmelo Peralta la responsabilidad de manejar los recursos, dado que Itaipú no puede trans­ferir fondos al Ministerio de Obras Públicas y Comu­nicaciones (MOPC) sin una ley de por medio; entonces, el municipio es la “billetera” de la obra, según declaracio­nes que nos hizo el intendente Silverio Adorno durante una visita a la comuna el pasado diciembre del 2021.

A la fecha en el lugar apenas se están realizando trabajos preliminares como la aper­tura de caminos para el paso de las maquinarias, según indicaron desde el MOPC; sin embargo, a octubre del 2021 ya se habían gastado G. 8.383.318.570 y desde la Municipalidad de Carmelo Peralta han ninguneado los pedidos de información y de documentos que transparen­ten dichos gastos.

Se han gastado más de G. 8.300 millones y se niegan a mostrar documentos que transparenten dichos gastos.

El intendente Adorno nos había afirmado que sin nin­gún problema podría ense­ñarnos todas las documen­taciones sobre compras, contrataciones y órdenes de pago que se han realizado en el marco de la obra. Para el efecto, mencionó que solo era necesario remitirle un correo con los detalles del pedido, el que fue remitido el 20 de diciembre al mail de la municipalidad; no obs­tante, no hemos recibido nin­guna respuesta del munici­pio y las llamadas y mensajes que dejamos al jefe comunal son completamente ignora­dos. También se realizó el pedido formal a través del portal de acceso a la informa­ción pública, pero tampoco por esta vía se pudo acceder a los datos.

Cabe destacar que el inten­dente nos había facilitado un escueto documento en el que citaban en qué se gasta­ron los más de G. 8.300 millo­nes, los que se destinaron a la construcción de unas ofi­cinas para la Unidad Ejecu­tora de Proyectos (UEP), que costaron G. 319.810.000, se compraron dos camionetas por G. 484.000.000, en gastos administrativos y operativos se destinaron G. 230.599.751, en personal administra­tivo operativo gastaron G. 908.600.000 y en gastos ban­carios y de papelería usaron G. 11.500.000.

Carmelo Peralta es un pequeño municipio que tiene apenas 20 funcionarios, desde la comuna reconocie­ron que manejar los recur­sos de una obra tan grande como esta representa un desafío y que para el efecto contratarían personal cali­ficado; sin embargo, hasta la fecha no precisaron la can­tidad de personal contra­tado, sus identidades, sala­rios, horarios que cumplen, formación, entre otros datos que transparenten los gas­tos que se están realizando.

Tampoco se tiene conoci­miento sobre qué empresa construyó la oficina de la UEP, el costo que tuvieron los materiales, el costo de los muebles, equipos de informá­tica, etc.; en síntesis, no se tie­nen detalles ni documentos que avalen el buen uso de los recursos.

Con respecto a la publicación del 4 de marzo, cuyo titular fue “Presi­dente de banco Atlas practica rally en estancia de narcotraficante”, en la que se menciona que Alberto “Beto” Koube, brazo logístico del esquema internacional de droga, es cliente del banco Atlas, y además cuenta con un Certificado de Depósito de Ahorro (CDA) en el banco GNB, Continental y en la cooperativa 8 de Marzo, esta última entidad se ha pronunciado y ha manifestado que Koube es un ex socio de la institución y que no cuenta con CDA a su nombre. Desde la coopera­tiva informaron que Alberto “Beto” Koube no posee ninguna cuenta habilitada, ya sea cuenta de ahorro, a plazo o a la vista, y pusieron a disposición de las autoridades los documentos que avalan dicha infor­mación en caso de que sea pertinente.La cooperativa niega la existen­cia de un vínculo entre ellos y el supuesto narco y alega que un posible nexo podría tener repercusión sobre sus asociados.

Datos sobre la cantidad de vehículos, producto de incautaciones, que son administrados actual­mente por la Senabico, así como las institucio­nes que hacen uso de dichos rodados, hasta el momento no fueron proveídos por la cartera de la ministra Teresa Rojas.

La Secretaría Nacional de Administración de Bie­nes Incautados y Comi­sados (Senabico) hasta el momento ha bicicleteado el pedido realizado sobre la cantidad de vehículos que administra actualmente la cartera y el listado de insti­tuciones que utilizan dichos rodados. Aunque desde ase­soría jurídica prometie­ron que insistirían a la ofi­cina encargada para que lo requerido sea respondido en la brevedad posible, aún no se ha tenido retorno de la cartera de Teresa Rojas.

Mediante un acuerdo inte­rinstitucional, la Senabico puede entregar a diferentes ministerios, secretarías, etc. los rodados para el uso institucional; no obstante, desde asesoría jurídica afir­maron que los detalles como modelo, número de chapa, propietario del vehículo entre otros no pueden ser develados porque forman parte de los datos reserva­dos de la Senabico y solo se pueden limitar a proveer datos estadísticos. No obs­tante, a pesar de que este pedido sobre datos globa­les fue realizado hace una semana, la información aún no ha sido proveída.

El Ministerio de Justicia es una de las entidades que tiene en su poder vehículos incautados por la Senabico, desde la institución nos indi­caron que actualmente tie­nen siete rodados. Misma pregunta hicimos al Minis­terio del Interior y Secre­taría Nacional Antidrogas (Senad), pero pasaron la pelota a la Senabico.

En el portal de acceso a la información pública tam­bién consta un pedido sobre este mismo ítem, por lo que se aguarda que cumplan con la Ley de Transparencia.

La reglamentación de esta ley implica que el científico paraguayo va a tener mejores herramientas para poder realizar su tarea, y la carrera misma del investigador toma otra preponderancia, según explicó el presidente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), Benjamín Barán, quien además destacó que la carrera del investigador está plenamente vigente.

El decreto firmado por el presidente Santiago Peña busca sentar las bases para la implementación de una política pública que impulse la labor científica, con observancia de principios y valores éticos, esperando que su labor redunde en beneficio de la calidad de vida de toda la población.

Por su parte, el asesor presidencial en materia científica, Antonio Cubilla, destacó que esta reglamentación marca un hito en la historia de la ciencia paraguaya y resaltó el gran apoyo del presidente Santiago Peña quien brindó todas las garantías para que se lleve adelante este proyecto.

Asimismo, se crea una estructura orgánica dentro del sistema que tendrá como rol la implementación de las disposiciones legales y reglamentarias que rigen la actividad científica y, en particular, los mecanismos y lineamientos para el acceso, permanencia, ascenso, descenso o salida de los investigadores del sistema.

El fiscal Edgar Benítez Delgado, de la Unidad Especializada en la Lucha contra la Propiedad Intelectual, el Contrabando, Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, allanó el local de “Cable Visión Kaarendy” de la ciudad de Juan León Mallorquín y decomisó equipos codificadores que transmitían señales ilegalmente.

La intervención se produjo tras una denuncia presentada por representantes de empresa Teledeportes Paraguay y en cumplimiento de una disposición judicial firmada por el juez de atención permanente, Amílcar Antonio Marecos.

Los responsables del hecho serán investigados por los presuntos delitos de violación del derecho de autor y aprovechamiento clandestino de señal.

Te puede interesar: Selva Hũ se dedica a vender ropas “Todo x 20 mil” y no a plantar marihuana, dice su abogado

La mayor proporción de las 2.268 familias afectadas se reporta en Ñeembucú, departamento declarado en situación de emergencia. Allí, hay 2.204 familias damnificadas y desplazadas por la crecida de las aguas, con anegamiento de sus viviendas, pérdidas materiales y daños en cultivos. Igualmente se encuentran afectadas unas 64 familias provenientes del departamento de Misiones.

De dicha cifra, las Unidades de Salud de la Familia (USF) asistieron a unas 1.628 personas, con atención médica y vacunación. También se brindó provisión de víveres a través de la gobernación de Ñeembucú.

Los principales problemas de salud registrados fueron diarrea y enfermedades tipo influenza (ETI). No se registran accidentes por animales ponzoñosos.

Existe una alta probabilidad de que se generen fenómenos de tiempo severo en el transcurso de lo que queda de esta semana en Misiones y Ñeembucú.

En Limpio, Pilar y Tacuaras se estableció emergencia distrital.