Municipalidad se desentiende sobre gastos en puente de US$ 92 millones

El municipio de Carmelo Peralta, el que administra los recursos para la construcción del puente entre dicha ciudad y Puerto Murtinho, ningunea pedido de información sobre detalles de ejecución de fondos, que fueron proveídos por Itaipú para financiar la obra. Pese a la promesa del intendente, Silverio Adorno, de proveer los datos sobre la compra de dos camionetas, gastos en las nuevas oficinas de la Unidad Ejecutora de Proyectos, contratación de personal, etc., para los que se desembolsaron G. 8.383 millones, de diciembre hasta la fecha no hay respuesta oficial, y el jefe comunal ignora llamadas y mensajes.


Fuente: La Nación

Una de las obras ban­dera de este gobierno es la construcción del puente internacional entre Carmelo Peralta (Alto Paraguay) y Puerto Mur­tinho (Mato Grosso, Brasil), financiada con recursos de Itaipú, para la cual se hizo una maniobra para evitar que el Congreso interfiera y entonces tener la canilla libre de los fondos de la hidroeléc­trica, hecho que ya quedó a la vista con el uso discrecio­nal que le han dado a unos G. 8.300 millones.

Intendente de Carmelo Peralta se desentiende de proveer información.

Este puente costará G. 649.483.986.793, unos US$ 92 millones, y la jugada detrás de esta obra fue cederle a la Municipalidad de Carmelo Peralta la responsabilidad de manejar los recursos, dado que Itaipú no puede trans­ferir fondos al Ministerio de Obras Públicas y Comu­nicaciones (MOPC) sin una ley de por medio; entonces, el municipio es la “billetera” de la obra, según declaracio­nes que nos hizo el intendente Silverio Adorno durante una visita a la comuna el pasado diciembre del 2021.

A la fecha en el lugar apenas se están realizando trabajos preliminares como la aper­tura de caminos para el paso de las maquinarias, según indicaron desde el MOPC; sin embargo, a octubre del 2021 ya se habían gastado G. 8.383.318.570 y desde la Municipalidad de Carmelo Peralta han ninguneado los pedidos de información y de documentos que transparen­ten dichos gastos.

Se han gastado más de G. 8.300 millones y se niegan a mostrar documentos que transparenten dichos gastos.

El intendente Adorno nos había afirmado que sin nin­gún problema podría ense­ñarnos todas las documen­taciones sobre compras, contrataciones y órdenes de pago que se han realizado en el marco de la obra. Para el efecto, mencionó que solo era necesario remitirle un correo con los detalles del pedido, el que fue remitido el 20 de diciembre al mail de la municipalidad; no obs­tante, no hemos recibido nin­guna respuesta del munici­pio y las llamadas y mensajes que dejamos al jefe comunal son completamente ignora­dos. También se realizó el pedido formal a través del portal de acceso a la informa­ción pública, pero tampoco por esta vía se pudo acceder a los datos.

Cabe destacar que el inten­dente nos había facilitado un escueto documento en el que citaban en qué se gasta­ron los más de G. 8.300 millo­nes, los que se destinaron a la construcción de unas ofi­cinas para la Unidad Ejecu­tora de Proyectos (UEP), que costaron G. 319.810.000, se compraron dos camionetas por G. 484.000.000, en gastos administrativos y operativos se destinaron G. 230.599.751, en personal administra­tivo operativo gastaron G. 908.600.000 y en gastos ban­carios y de papelería usaron G. 11.500.000.

Carmelo Peralta es un pequeño municipio que tiene apenas 20 funcionarios, desde la comuna reconocie­ron que manejar los recur­sos de una obra tan grande como esta representa un desafío y que para el efecto contratarían personal cali­ficado; sin embargo, hasta la fecha no precisaron la can­tidad de personal contra­tado, sus identidades, sala­rios, horarios que cumplen, formación, entre otros datos que transparenten los gas­tos que se están realizando.

Tampoco se tiene conoci­miento sobre qué empresa construyó la oficina de la UEP, el costo que tuvieron los materiales, el costo de los muebles, equipos de informá­tica, etc.; en síntesis, no se tie­nen detalles ni documentos que avalen el buen uso de los recursos.

8 DE MARZO ACLARA QUE KOUBE NO TIENE CUENTA EN LA COOPERATIVA

Con respecto a la publicación del 4 de marzo, cuyo titular fue “Presi­dente de banco Atlas practica rally en estancia de narcotraficante”, en la que se menciona que Alberto “Beto” Koube, brazo logístico del esquema internacional de droga, es cliente del banco Atlas, y además cuenta con un Certificado de Depósito de Ahorro (CDA) en el banco GNB, Continental y en la cooperativa 8 de Marzo, esta última entidad se ha pronunciado y ha manifestado que Koube es un ex socio de la institución y que no cuenta con CDA a su nombre. Desde la coopera­tiva informaron que Alberto “Beto” Koube no posee ninguna cuenta habilitada, ya sea cuenta de ahorro, a plazo o a la vista, y pusieron a disposición de las autoridades los documentos que avalan dicha infor­mación en caso de que sea pertinente.La cooperativa niega la existen­cia de un vínculo entre ellos y el supuesto narco y alega que un posible nexo podría tener repercusión sobre sus asociados.

Senabico dilata información sobre vehículos incautados

Datos sobre la cantidad de vehículos, producto de incautaciones, que son administrados actual­mente por la Senabico, así como las institucio­nes que hacen uso de dichos rodados, hasta el momento no fueron proveídos por la cartera de la ministra Teresa Rojas.

La Secretaría Nacional de Administración de Bie­nes Incautados y Comi­sados (Senabico) hasta el momento ha bicicleteado el pedido realizado sobre la cantidad de vehículos que administra actualmente la cartera y el listado de insti­tuciones que utilizan dichos rodados. Aunque desde ase­soría jurídica prometie­ron que insistirían a la ofi­cina encargada para que lo requerido sea respondido en la brevedad posible, aún no se ha tenido retorno de la cartera de Teresa Rojas.

Mediante un acuerdo inte­rinstitucional, la Senabico puede entregar a diferentes ministerios, secretarías, etc. los rodados para el uso institucional; no obstante, desde asesoría jurídica afir­maron que los detalles como modelo, número de chapa, propietario del vehículo entre otros no pueden ser develados porque forman parte de los datos reserva­dos de la Senabico y solo se pueden limitar a proveer datos estadísticos. No obs­tante, a pesar de que este pedido sobre datos globa­les fue realizado hace una semana, la información aún no ha sido proveída.

El Ministerio de Justicia es una de las entidades que tiene en su poder vehículos incautados por la Senabico, desde la institución nos indi­caron que actualmente tie­nen siete rodados. Misma pregunta hicimos al Minis­terio del Interior y Secre­taría Nacional Antidrogas (Senad), pero pasaron la pelota a la Senabico.

En el portal de acceso a la información pública tam­bién consta un pedido sobre este mismo ítem, por lo que se aguarda que cumplan con la Ley de Transparencia.

Corte rechaza medida cautelar de Kattya para recuperar su banca

La Sala Constitucional de la Corte dio trámite a la acción de inconstitucionalidad presentada por la exsenadora Katya González en fue contra de su destitución del Senado. Sin embargo, rechazó la medida cautelar para que sea reincorporada a su banca.

La Sala Constitucional de la Corte admitió la acción de inconstitucionalidad de la exsenadora Kattya González, pero no hizo lugar a la medida cautelar que solicitó de suspender los efectos de la resolución de pérdida de investidura.

Los ministros de la Corte, Víctor Ríos, Gustavo Santander y César Diesel, fueron quienes rubricaron el documento dado a conocer en la fecha.


El 14 de febrero del 2024, la Cámara de Senadores aprobó la pérdida de investidura de Kattya González, por el uso indebido de influencias fehacientemente comprobado.

El 27 de febrero, la exsenadora del PEN presentó una acción de inconstitucionalidad en contra de su expulsión. Entre los argumentos esgrimidos figuran la falta de notificación sobre la acusación, la ausencia de plazo para la defensa, la alteración ilegítima de la composición del Senado, la defraudación de la voluntad popular.

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Salud anuncia atención descentralizada para pacientes con diabetes

Los pacientes con diabetes que, anteriormente se desplazaban hasta el Centro de Salud N° 9 para obtener su medicación, podrán hacerlo en los centros hospitalarios más cercanos a su hogar.

Ministerio de Salud, a través del Programa Nacional de Diabetes, anunció que se descentraliza la entrega de medicamentos, permitiendo a los pacientes recibir atención especializada en hospitales de su comunidad.

Este nuevo enfoque posibilita que los diagnosticados con diabetes reciban su tratamiento y medicación, entre ellos las insulinas, en los centros hospitalarios más cercanos a su hogar, eliminando la necesidad de desplazarse hasta la Capital, al Centro de Salud N° 9.

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Esta medida no solo facilita el acceso al tratamiento, sino que también reduce la carga y el tiempo de viaje para los pacientes y sus familias impactando así positivamente en su calidad de vida.

Además, informó que se ha puesto en marcha un servicio de mensajería instantánea a través de WhatsApp (0962) 320-536, donde los pacientes pueden realizar consultas y recibir orientación personalizada acerca de los servicios de salud más cercanos donde pueden acudir para recibir su tratamiento y medicación correspondiente.

Así también, la página del Programa Nacional de Diabetes usando el acceso ¿Dónde puedo consultar? www.mspbs.gov.py

Estos canales de comunicación proporcionan una vía rápida y efectiva para resolver dudas y obtener información útil sobre el cuidado y manejo de la enfermedad, destacó la cartera sanitaria.

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Imputan a intendente de Jesús de Tavarangue por millonario desvío de fondos

El intendente de la ciudad de Jesús de Tavarangue, Víctor Garay, fue imputado por lesión de confianza, a raíz de una millonaria malversación de fondos e irregularidades durante su gestión.

El fiscal Luis Albertini, junto con sus colegas Francisco Martínez y Ever Wiliams, resolvió formular imputación contra el intendente de Jesús de Tavarangue, Víctor Bernardo Garay Olmedo.

El mismo fue procesado por el hecho punible de lesión de confianza, a raíz de una denuncia por supuesta malversación de fondos en el año 2020 con los llamados “fondos especiales”.

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El daño patrimonial a la municipalidad asciende a más de G. 835 millones, refirió Albertini. “Existen obras que tendrían que haber sido llamadas a licitación, sin embargo, se hicieron adjudicaciones directas”, precisó.

En igual sentido, la Fiscalía detectó irregularidades en lo que respecta a pagos de honorarios y expedición de cheques por sumas millonarias, los cuales no poseen documentación respaldatoria que avale su destino final.

Así también, se detectaron desembolsos por continuaciones de obras que no cuentan con órdenes de pago y que, por si fuera poco, tampoco presentan ningún avance en los trabajos, refirió.

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Albertini precisó que, de momento, aún no se hizo el análisis sobre el uso de recursos de FONACIDE y royalties, por lo que el perjuicio patrimonial podría ser aún mayor.

Cabe recordar que Garay ya había sido imputado en diciembre del año pasado por producción de documentos falsos y producción inmediata de documentos públicos de contenido falso.