Es lo que advierte Harold Robinson, director de la Oficina Regional del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) para América Latina y el Caribe, en el Día Mundial de Prevención del Embarazo no Planificado en Adolescentes.

Paraguay registra 20.000 embarazos adolescentes por año y ocupa el primer puesto de los países del Cono Sur, con la más alta tasa de fecundidad adolescente (72 nacimientos por 1000 mujeres entre 15 y 19 años). Pero estas cifras podrían aumentar debido al impacto de la epidemia de la COVID-19. En muchos países los centros de salud cerraron y la disponibilidad de recursos financieros para la ejecución de programas de salud sexual y reproductiva para adolescentes y jóvenes quedó restringida.

“La situación es preocupante, no solo por las consecuencias inmediatas que esto trae para las niñas y adolescentes, sino por la pérdida de sus oportunidades de desarrollo, así como por los altos costos económicos que tiene el embarazo temprano para el Estado y la sociedad”, revela el director regional de UNFPA para América Latina y el Caribe.

El costo de cada embarazo adolescente en la región alcanzó en el año 2018, en promedio, el equivalente a USD 1210 anuales. Esta cifra —explica Robinson— considera lo que las mujeres dejan de ganar “porque trabajan menos, porque trabajan en empleos peor remunerados y porque, al ganar menos también pagan menos impuestos”. Si ese número se multiplica por el millón y medio de embarazos adolescentes anuales que tiene la región, se concluye que los estados tienen pérdidas superiores a USD 1800 millones cada año. En el Paraguay, el embarazo de niñas y adolescentes representa un costo anual de G. 768 mil millones.

“El llamado es a no quedarnos inmóviles”

Aunque se han realizado esfuerzos en la formulación de planes nacionales de salud reproductiva y desarrollo en América Latina y el Caribe, el director regional de UNFPA asegura en que es importante monitorear y evaluar esos planes. “Esto nos permitirá revaluar las intervenciones que no funcionan, incluidas las campañas, y reforzar aquellas que han arrojado resultados positivos para llegar, de un modo eficaz, a los adolescentes que viven en condiciones de vulnerabilidad, especialmente aquellos pertenecientes a comunidades más pobres, indígenas, afrodescendientes y migrantes”.

A su criterio, si estos compromisos se aplican con rigurosidad, se contribuirá a la reducción del embarazo adolescente y se brindará un importante apoyo para que las niñas y adolescentes ingresen a la vida adulta como ciudadanas empoderadas, conocedoras de sus derechos y con mejores oportunidades para desarrollar todo su potencial.

Campaña Ñañangareko

La campaña nacional Ñañangareko propone involucrar y fortalecer a las familias en su rol de garantes de derecho de niñas y adolescentes y a las comunidades en la prevención del embarazo adolescente y del abuso sexual. También insta a la ciudadanía a ser parte de la solución denunciando cualquier caso de abuso a las líneas 147 (Fono ayuda) o 911.

Los mensajes clave de #Ñañangareko se comunican en las redes sociales de @MINNAPy, @MSPBSPy, @MECPy, @MTESSPy y de @UNFPAPy. Además, se distribuyen materiales impresos a nivel nacional y se difunden spots de radios. #TodosSomosResponsables.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.