Hoy justamente se dio la quinta postergación del inicio del juicio oral contra los acusados, quienes fueron querellados en setiembre del año pasado por la exviceministra de Tributación Marta González, quien se vio afectada por publicaciones del diario ABC Color que señalaban que existieron irregularidades en su administración. Se hizo una investigación y se demostró que no hubo malos malos manejos, por lo que la afectada recurrió a la justicia y pide que se repare el daño que se causó a su imagen.

Sin embargo desde el mismo momento en que se planteó la querella, también se presentaron los incidentes dilatorios de parte de los abogados Rodrigo Yódice y César Coll, representantes de los querellados. Tras no haberse dado un acuerdo de arreglo entre las partes el caso fue elevado a juicio oral por el juez de Sentencia Elio Rubén Ovelar, ya el año pasado, pero desde entonces no pararon las chicanas.

Primero se presentó un pedido de postergación del inició del juicio, luego un recurso de aclaratoria, ambos requerimientos no corrieron. Se volvió a fijar una fecha para el juicio, entonces se presentó una apelación general, además de otro recurso de aclaratoria en segunda instancia, pero todas estas chicanas fueron rechazadas y lo único que hicieron fue dilatar el juzgamiento.

Pero cuatro veces los abogados Yódice y Coll lograron que sus clientes no se sienten en el banquillo de los acusados. A la par que se van presentando las chicanas ABC Color va metiendo presión al juez Ovelar con publicaciones que hablan de censura a la prensa, violación de derechos de libre expresión y otras cosas más que desde el multimedios dirigido por Natalia Zuccolillo se trata de instalar.

Tanto hace hincapié ABC en la libre expresión, pero a mediados de setiembre presentó una apelación para evitar que el juicio oral sea transmitido, tal como lo resolvió el juez Elio Ovelar fundado en el artículo 368 del Código Procesal Penal, que dispone que todo juicio será público.

La directora del medio que defiende la transparencia y libertades públicas, quiere el secretismo absoluto de su proceso. Natalia Zuccolillo es vicepresidenta regional de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa, pero ella con su chicana atenta contra sus principios de libertad.

Su periodista Juan Carlos Lezcano fue el que encabezó a través de una acción ante la Corte, para hacer pública la declaración de bienes de las autoridades, basado en la libertad que tiene todo ciudadano en tener acceso a la información, pero ahora cuando se trata de él plantea un secretismo. Lo que tanto cuestiona desde su línea editorial Natalia Zuccolillo, ahora lo utiliza para trabar la marcha de su proceso.

“Nosotros sabemos como actúan los abogados de ABC, no tiene sentido que sigan chicaneando y huyendo como ratas, más tarde o temprano se va a hacer este juicio oral”, dijo el abogado Jacinto Santa María hoy al enterarse que por quinta vez se suspendió el juicio oral.

Esto lo dijo Santa María al saber que los abogados Yódice y Coll, tienen carta blanca para chicanear y lo vienen haciendo desde hace más de un año. El juez Ovelar, ni la Cámara de Apelación hasta el momento tomaron la decisión de sancionar a estos profesionales del derecho, ni a los querellados como litigantes de mala fe. El Código Procesal Penal en su artículo 112 habla de la Buena Fe de los litigantes y también en una acordada de la Corte Suprema de Justicia se apuntan cuales son las sanciones que se deben aplicar en estos casos.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.