El juez de Sentencia Juan Carlos Zárate no pudo dar inicio al juicio oral debido a que la defensa de los procesados presentó un pedido de acumulación de causas y mientras resuelve el pedido no se podrá realizar el juicio.

El abogado querellante Jacinto Santa María, quien representa a la ex viceministra de Tributación Marta González Ayala, señaló que en principio ellos plantearon una querella contra Zuccolillo y su periodista en el 2019 por una publicación donde acusaban de irregularidades administrativas a la ex ministra.

A modo de ir presionando a la querellante desde el diario ABC comenzaron una campaña de desprestigio contra Marta González a quien la volvieron a señalar como la persona que despojó de un inmueble a un poblador de la compañía Mbatoví, distrito de Paraguarí, acusación que fue desmentida con la presentación de una sentencia judicial que demostraba que lo publicado no era verdad.

Pero las publicaciones siguieron, entonces Santa María volvió a presentar una segunda querella contra la directora del medio y su periodista, pero como siguieron las calumnias se presentó una tercera querella.

“Respetamos la libertad de prensa y por eso nunca hemos tratado de impedir una publicación, pero advertimos que por cada publicación calumniosa vamos a accionar”, dijo el abogado Santa María y cumplió.

Ahora el juez Zárate fijó para hoy el inicio del juicio, pero los abogados de los querellados plantearon acumular la segunda y tercera querella alegando que es por el mismo caso.

“Podemos decir que esta es la primera chicana que presentan en la tercera querella. Ahora con la acumulación que pretenden hacer, van a poder chicanear en dos querellas antes que en tres” apuntó el Santa María.

Finalmente el juicio no se realizó y se debe esperar que el juez Zárate decida si acumular o no las querellas y volver a fijar una nueva fecha para hacer el juicio oral.

Aparte de estas dos querellas la primera que presentó la ex ministra Marta González está “cajoneada” debido a que desde junio del año pasado está la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que debe resolver si el juez Elio Ovelar puede o no entender en este caso.

En esta primera querella los abogados de Zuccolillo y Lezcano presentaron 19 chicanas y ahora el expediente “duerme” en la Sala Penal. Es más, el abogado Santa María adelantó que la intención de los querellados es hacer prescribir el proceso a través de chicanas.

Natalia Zuccolillo y su periodista ya “ganaron” casi un año para llegar a la prescripción, ya que la Corte no destraba el caso.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.