Lo llamativo del presente caso es que una vez que se dio a conocer la determinación del magistrado Ovelar, la direc­tora de Abc, Natalia Zuccolillo, y su abogado César Coll aban­donaron la sala –donde se rea­lizó la diligencia– por el pasi­llo donde solo tienen acceso los jueces y funcionarios que trabajan en los despachos de los magistrados. Mientras que Lezcano salió caminando por el lugar donde deben salir los querellados o los abogados.

El abogado Jacinto Santa María, representante legal de la ex viceministra Martha González, señaló que “no se pudo llegar a una conciliación porque el daño que se hizo es demasiado grande y tiene que ser reparado. La ley dice que la audiencia de conciliación es una oportunidad para la extin­ción de la causa penal sobre la base de la reparación del daño, y un daño como este tiene que ser reparado y no puede quedar en una situación anecdótica nada más; el diario Abc tiene que retractarse y tiene que compensar económicamente por el daño que hizo”, expresó el profesional del derecho.

UN “REFRITO”

Agregó que “si nosotros con­sideramos que Abc publicó en tapa y en esas ediciones lle­garon a más de 400 mil per­sonas, implica que hubo una amplificación mediática pre­meditada al publicar en tapa”. Continuó: “Además, hay que recalcar una cosa: lo que Abc publicó no era una noticia del día ni del día anterior, era una de tres años atrás y ellos publi­caron un refrito en el 2019 de algo que supuestamente ocu­rrió en el 2016”.

Sostuvo que esa publicación produjo una investigación en Contrataciones Públicas para determinar si era cierto lo que publicó Abc. Esa investigación duró 5 meses y llegó a la conclu­sión de que no se encontraron irregularidades y quedaban desvirtuadas las publicacio­nes de Abc. “Con base en esas pruebas nosotros iniciamos una querella por difamación”, manifestó Santa María.

Abc Color publicó que Gonzá­lez Ayala contrató a este orga­nismo, del cual supuestamente ella era una de las autorida­des integrantes. “En reali­dad, Martha González no for­maba parte de la organización. El CIAT es una organización internacional integrada por la República del Paraguay y otros 50 gobiernos. La señora Gon­zález, si bien ocupaba un cargo directivo en el CIAT, estaba en representación de Paraguay. El cargo le correspondía al país, no a González”, afirmó Santa María.

AMPLIARÁN QUERELLA

“Nosotros vamos a ampliar la querella porque Abc no se con­formó con publicar y cometer el delito de difamación, sino que ya después de la resolución de Contrataciones Públicas, que ya está firme, y sabiendo que no se cometieron irregulari­dades, Abc volvió a publicar las mismas acusaciones y, al hacerlo, incurrió esta vez en el delito de calumnia al actuar así a sabiendas y en contra de la verdad”, señaló el represen­tante legal de González.

La ex viceministra de la SET presentó querella contra la directora del citado medio y contra el perio­dista Juan Carlos Lezcano por publicaciones de supues­tas irregularidades durante su gestión, puntualmente en la adjudicación del contrato de actualización del Sistema Marangatu de la SET al Centro Interamericano de Adminis­traciones Tributarias (CIAT).

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.