El senador liberal Eusebio Ramón Ayala confirmó a la radio 730 AM que la comisión bicameral de investigación terminó la recopilación de los testimonios y documentación, y que esta tarde, a las 16:00, se reunirán sus integrantes para analizar lo hallado, deliberar y emitir una conclusión para el informe final.

El político señaló que cada miembro de la comisión ya posee su postura respecto al tema investigado y adelantó cuál será la suya. “Está comprobado de que había intenciones de vender esa energía a través de (la empresa brasileña) Leros. Hay notas de la ANDE y presentaciones, pero no tenemos tantos documentos y testimonios”, dijo.

El congresista confirmó que el vicepresidente Hugo Velázquez aparece en el circuito de la venta de energía. “El tema principal (por la fuente) es el testimonio, los documentos y los WhatsApp que acercó el ingeniero (Pedro) Ferreira (extitular de ANDE)”, dijo sobre la mediación del vice y agregó que el propio José Rodríguez confirmó esa situación.

Recordó que “el punto de inicio de las negociaciones”, según Ferreira, “se dio en una reunión en el Palacio Presidencial con la presencia del presidente Mario Abdo, el vicepresidente Velázquez, y el titular de Hacienda, Benigno López”. Ahí le indicaron al entonces presidente de la ANDE que Joselo Rodriguez iba a ser el encargado de la venta de energía, reveló Ramón Ayala.

“Son documentos oficiales, con base en el informe que había proveído el mismo presidente Mario Abdo al Senado y fue confirmado con otro informe de la Cancillería”, respondió cuando se le consultó sobre si el mandatario estaba al tanto de lo que se llevaba adelante por los entonces vicecanciller y luego embajador en Brasil, Hugo Saguier, y el canciller Luis Alberto Castiglioni.

En ese sentido detalló que desde el 27 de marzo (cuando Brasil pidió al Paraguay que se reúnan las altas partes) hasta 11 de abril (la primera reunión), de una simple contratación de potencia, el vecino país logró incluir en la negociación todos los puntos polémicos que luego salieron a luz, muchos meses después del 24 de abril, cuando se aprobó el acta de manera secreta.

“No es opinión mía, son notas oficiales. Cualquiera puede entrar a la página de la Comisión Bicameral para corroborar”, indicó y dijo que “sin duda” este informe puede abrir de vuelta las compuertas del juicio político al Poder Ejecutivo.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.