El periodista Calixto González sostuvo a la 970 AM que La Nación está llevando a cabo la investigación denominada “La Ruta del Terror” en Ñeembucú, que fue encarada por el gobernador liberal Carlos Silva y una empresa que estaría vinculada al diputado Dionisio Amarilla del PLRA.

Se trata del tramo entre Isla Umbú, Des­mochados, Villalbín, Laureles y Cerrito, que según la investigación que hoy publica el diario está hecho con piedras de desecho de las canteras, por lo que en el sitio se pueden apreciar piedras puntiagudas tras las lluvias.

Víc­tor Sosa, responsable de las obras por la Constructora BGF, aseveró que el trabajo consiste en colocar “un tipo de ripio”. Sin embargo, González aseguró que consultando a expertos, no existe este tipo de construcción. “Esa es una creación porque debe ser ripio o nada, no existe el tipo ripio”, lanzó.

“Son enormes piedras, de destape de cantera. Se cortaron y trituraron a mano para colocar. Pero luego el material se perfilaba a la ruta y sobre se colocaba con una aplanadora, con eso ya estaba la ruta, todo rápido”, dijo.

El investigador indicó que son 200 km de este pavimento, que costó 380 millones cada kilómetro. “Es una porquería lo que hicieron acá, porque siempre pedíamos salir del aislamiento. Esto fue presentado como la octava maravilla del mundo. El gobernador Carlos Silva decía que esto iba a ser la solución, que íbamos a dejar de sufrir”, lanzó.

Lamentó que la queja es generalizada, porque muchos de los conductores sufrieron accidentes, y que varios percances automovilísticos fueron con derivación fatal.

Según La Nación, los vecinos aseguran que cuando van a salir de su casa rezan para volver sanos y sal­vos porque la mayoría de los caminos que fueron “supues­tamente” mejorados trajo más problemas que solucio­nes. “Fueron varios los acci­dentes en el trayecto a Isla Umbú. Un señor embistió una piedra y se cayó, golpeó su cabeza y luego falleció. Otras dos muertes también fueron similares”, cuenta Gis­sell Galeano, quien se detuvo a conversar con el equipo de La Nación y GEN acerca de la situación de las rutas.

Ella relató que deben uti­lizar caminos alternativos para evitar transitar por las zonas en las que se colocaron las piedras tipo ripio. “Noso­tros salimos por camino de tierra. Ahora vinimos de Pilar y nos queremos ir a Desmo­chados y por el tema del ripio acortamos el camino porque está muy feo. Las piedras gol­pean mucho los vehículos y prácticamente los destruyen. Recuerdo que un chofer tuvo que bajar de su vehículo para romper con martillo la pie­dra para poder continuar”, explicó.

Otros pobladores contaron sus odiseas, “soy del dis­trito de Isla Umbú. Si llueve mucho, nosotros no podemos llegar hasta Pilar. Ya nos dije­ron que un policía falleció por un accidente en esta zona”, recordó Gladys Zayas.

ADJUDICACIÓN

Uno de los denunciantes de los trabajos que están por ini­ciar desde Pilar hasta Paso de Patria, donde –según comentó– se pretende sobre­facturar y alzar con la suma de G. 3.000 millones es el con­cejal de la gobernación Vicente Aquino, quien además es presidente de la comisión de obras de la concejalía.

“Cuestiono los pliegos y con­diciones del futuro ripio de Pilar a Paso de Patria, de 60 km. Varias cosas figuran y sin razón. El cambio del alam­brado 9 1/2 ml y el trabajo se harán sobre el trazado. Nunca se vio que se plantee la repa­ración de un puente hormi­gonado. El puente de madera figura que se debe cambiar 164 metros y solo existen 34 metros al sumar todos los puentes. Es más, el más largo, el de 8 metros, ya está siendo reparado por el MOPC”, gra­ficó el concejal. Además, el pre­cio de los carteles de señaliza­ción se cotizó en G. 1.361.760 por m2 y “en las herrerías lo máximo que costaría sería G. 175.000 por m2”, opinó.

DENUNCIA DE INTENDENTES

Los intendentes de Humaitá, Víctor Bordoli; de Pilar, Alfredo Stete, y de Isla Umbú, Jorge Marecos, objetaron el trabajo que se pretende hacer y emitieron un pronuncia­miento en contra de las condi­ciones en las que serán hechas las obras.

“El trabajo que se pretende hacer nos afecta porque pasa por Boquerón. Desde un primer momento nos comunicamos con el goberna­dor. Nos reunimos para propo­nerle la forma en la queríamos que se haga la obra”, resaltó Marecos.

Desde la DNCP dicen que no pueden ejercer control sobre las empresas que se presentan para las licitaciones y menos regular las adjudicaciones que se realizan.

“No tenemos la capacidad de realizar todos los controles y es por eso que no podemos actuar de oficio. La empresa BGF cuenta con un sumario abierto y otra investi­gación suspendida”, remarcó Adolfo Arce, jefe del departa­mento de sumarios.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.