Gonzalo García, asesor jurídico de la Senabico, se refirió en entrevista con el canal Gen-Nación Media a la situación del banco Atlas, de la familia Zuccolillo, que reclama una estancia que está en poder del Estado paraguayo. Esto tras realizar turbias operaciones financieras con un testaferro del narco Luiz Carlos da Rocha, alias “Cabeça Branca.

Mencionó que cuando la Fiscalía incautó la propiedad “Cielo Azul” solicitó la posibilidad de no innovar o contratar, lo cual impide cualquier cambio jurídico sobre el terreno, por lo que el banco de los Zuccolillo no tiene la posibilidad de levantar esa orden, pese a que ahora pretende rematar el inmueble que está a cargo de Senabico.

“Nosotros vamos a agotar todas las instancias para lograr que se respeten las medidas cautelares”, dijo y advirtió que en el caso de que la justicia haga lugar al planteamiento del banco Atlas (de poder rematar el inmueble narco a su favor), esto puede dejar un precedente nefasto: “Se presenten falsos acreedores y los investigados recuperen sus bienes”.

García explicó que un tractorista, supuesto testaferro del narco brasileño, que no tenía el perfil de ser dueño de una gran estancia, solicitó un millonario crédito al banco Atlas, el cual le otorgó sin evaluar el riesgo que conllevaba esa turbia operación financiera, cuyo único fin era el de lavar dinero sucio proveniente del narcotráfico.

EL NEGOCIO ENTRE ATLAS Y EL NARCO

Según documentos a los cuales accedió el equipo de La Caja Negra (Unicanal), la estancia “Cielo Azul” está compuesta por las fincas 7.034 (de 3.640 hectáreas), 10.914 (1.064 hectáreas) y 11.046 (1.242 hectáreas). En diciembre del 2010, la sociedad civil Santa Clara Komitee las vendió y transfirió a la firma Biocombustible Brasilero Biobras, por el precio de 2.500.000 dólares americanos. En ese entonces el presidente de Biobras era Ailton Alves de Lima.

En marzo del 2015, la presidencia de la empresa Biobras recayó sobre el señor Gilberto Suárez, quien aparece en la investigación fiscal como supuesto prestanombre del narcotraficante Luiz Carlos da Rocha.

En noviembre del año 2015, Suárez suscribió un contrato con el banco Atlas, de la familia Zuccolillo, para una línea de crédito con garantía hipotecaria.

Según consta en documentación, los abogados Eduardo Queiroz García y Jorge Enrique Vera Trinidad, en representación de Atlas, y Gilberto Suárez y la esposa de este, Rosa Amarilha Gomes (en calidad de codeudora), acordaron una línea de crédito de hasta la suma de US$ 6.421.857,37, la cual iba a ser utilizada mediante préstamos y otras operaciones bancarias.

Como garantía hipotecaria, el presidente de Biobras ofreció las fincas de la estancia “Cielo Azul”. Tras el incumpliendo del acuerdo, el banco de la familia Zuccolillo recurrió en el año 2019 a la justicia. El Juzgado del 5to. Turno en lo Civil y Comercial, a cargo del magistrado Alfredo Barrios, fue el que inició el juicio del “Banco Atlas SA contra la empresa Biocombustible Brasilero Biobras SA y otros sobre ejecución hipotecaria”.

INTERVENCIÓN DE SENABICO

Al margen de la anterior causa judicial, el 5 de junio del 2020, la agente fiscal Lorena Ledesma, de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico, dispuso que la Senabico se haga cargo de la empresa Biobras Biocombustibles SA, en el marco de la investigación contra el narco Luiz Carlos da Rocha, y un mes después, el 7 de julio, la Senabico dictó la resolución 284/20 para administrar la empresa y sus bienes pertenecientes, entre ellos, las fincas que eran objeto de la ejecución hipotecaria del banco Atlas en la otra causa.

En el marco de la administración de la estancia por Senabico, el juez Barrios que tenía el caso del banco Atlas contra Biobras dictó una sentencia definitiva que ordenaba la subasta del establecimiento ganadero, prevista para el 11 de febrero del 2021.

Sin embargo, en la causa penal contra Da Rocha, la jueza Lici Teresita Sánchez dictó un auto interlocutorio el 4 de febrero de ese año, disponiendo la medida de “prohibición de contratar” sobre varios inmuebles, entre ellas la de “Cielo Azul”, perteneciente a la empresa Biobras.

El 9 de febrero de este año, el director de Asuntos Legales de Senabico, Santiago Arza, presentó un pedido de suspensión del remate judicial ante el juez Alfredo Barrios. En su solicitud aclaró que no se buscaba perjudicar al acreedor (banco Atlas), ya que el artículo 89 del Código Penal Paraguayo establece la indemnización de terceros cuando ocurra el comiso de los bienes. Argumentó que el remate será lesivo no solo a los intereses de Senabico sino que también del Estado paraguayo. Y recordó que el comprador que adquiera los inmuebles no podrá inscribirlos a su nombre, al existir la prohibición de contratar que pesa sobre los mismos.

Tras esta solicitud de Senabico, el juzgado dictó la providencia mediante la cual se suspendió el remate y el Banco Atlas apeló la decisión, por lo que la causa se elevó al Tribunal de Apelación, Segunda Sala, donde debe estudiarse el expediente.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.