El presidente de Conajzar, José Antonio Ortiz, dijo hoy que la ley que regula la entidad a su cargo debe ser cambiada por obsoleta, porque no tiene atribución para intervenir las salas de máquinas tragamonedas autorizadas por los municipios. Planteó que ante la ilegalidad solo pueden acudir a la Fiscalía.

Sostuvo que por mucho tiempo todos tuvieron una mirada cómplice hacia la problemática y que ahora él desea regular las máquinas tragamonedas, a las cuales calificó de ser “una nueva modalidad del juego de azar”.

“Los municipios podrán autorizar locales exclusivos de máquinas, pero estas máquinas no están en locales, sino que a la vista de todos. Vemos a diario con mucha frustración porque no tenemos la prerrogativa de incautar, pero sí podemos hacer clausuras preventivas. Si clausuramos, al día siguiente te rompen la precinta y vuelven a operar. No es una solución a corto o mediano plazo, solo demuestra la debilidad de la institución. Hacer incautaciones es por órdenes de allanamiento vía Ministerio Público y eso lleva mucho tiempo”, alegó.

Ortiz comentó que al no ser un juego de azar propiamente, su institución está realizando un censo de cantidad y ubicación de las máquinas tragamonedas a fin de una mejor organización. Estimó que habría unas 17 mil distribuidas en todo el país.

El interpelado dijo que en el 2021 la Conajzar realizó 50 fiscalizaciones de las máquinas tragamonedas. Y que al contar con pocos funcionarios, delegó el trabajo a la empresa iCrop, luego de que esta firma presentara un proyecto a la institución reguladora. Reconoció que para ello no hubo licitación, sino que se adjudicó a la empresa tras la presentación del proyecto.

Justificó que la Conajzar “no tiene una mega estructura como muchos se imaginan, es imperiosa la necesidad de contar con un marco regulatorio y jerarquice a la institución. Existe una desatención o desprecio hacia esta institución, se hace difícil el control a los juegos de azar”.

Por otra parte contó que la Conajzar estableció que la empresa iCrop SA realice una transferencia en concepto de canon un jornal mínimo por cada máquina catastrada, pero que la firma propiamente no cobra el canon a los explotadores de máquinas. Dijo que a raíz de la pandemia el ente estableció una medida extraordinaria para el pago de canon y que fue aprobada por la Procuraduría General y otros entes.

“Si nosotros cobramos un canon irregular, es para regular la actividad”, argumentó ante los cuestionamientos de los legisladores del Senado. “No existe recibo de la Conajzar. Si hay recibo, que se presenten las denuncias en todo caso”, agregó.

Afirmó asimismo que la empresa iCrop SA, la cual figura como concesionaria en la Conajzar, no cuenta con máquina propia operando en el rubro de tragamonedas, aunque legalmente tampoco está imposibilitada de contar con la misma. Sin embargo, los senadores afirmaron que tienen la confirmación de la existencia de máquinas de iCrop que habían sido incautadas por algunos municipios.

“A lo mejor hubo una confusión, porque cuando los de iCrop hacen el censo, le ponen el sticker de su empresa pero eso no quiere decir que le pertenezca la máquina. Y felicito a los municipios que incautan las máquinas, eso es desalentar a las máquinas en las condiciones en que están”, respondió Ortiz sobre el punto anterior.

Como único punto en el orden del día, se desarrolló hoy la sesión extra en la Cámara Alta para la interpelación al titular de Conajzar, quien se encuentra en el escarnio por censar y regularizar -mediante una empresa privada- las máquinas tragamonedas existentes en puestos que no se dedican a los juegos de azar.

Según la investigación de La Caja Negra, la empresa iCrop S.A. presentó en octubre del 2020 una propuesta formal a la Conjazar, presidida por José Ortiz, para “regularizar” y explotar el negocio ilegal de las máquinas chinas. La propuesta de la empresa fue aceptada por las actuales autoridades de la Conajzar y se autorizó vía resolución el censo, catastro y explotación de un negocio que les genera en forma ilegal cerca de US$ 1 millón por mes.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.