La concurrencia, aquel día, de la ministra Cecilia Pérez al penal mayor, festejada en su momento como una “solución exitosa”, en los hechos fue la coronación de Armando Javier Rotela como el “dueño” de Tacumbú.

Cinco días después del motín, la ministra Pérez designó a Rodolfo Julián Bernadet como nuevo director de la Penitenciaría, en reemplazo de Domingo Antonio Anarilla, con la anuencia de “La Jungla”.

La otra imposición de Rotela, entonces, fue el no traslado de reos que responden a su facción. La razón obvia es que necesitaba la totalidad de sus ‘soldados’ para ampliar su poder.

La debilidad (y complicidad de muchos funcionarios del anterior gobierno), fueron combustible para que Rotela expanda su plan de dominio en las cárceles.

Ese afán expansionista derivó en una masacre el 16 de junio del 2019, cuando en la cárcel de San Pedro, el PCC y “La Jungla” se enfrentaron, generando la muerte (varios de ellos decapitados) de 10 reclusos.

La situación penitenciaria, por esos días, ya escapó totalmente de las manos del gobierno de Mario Abdo Benítez. El Estado quedó ausente en los reclusorios.

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El sangriento episodio, significó concesiones a ambos carteles mafiosos.

La “negociación” del gobierno para abordar el volcán penitenciario, terminó en la potenciación de las pandillas.

Así, el clan Rotela quedó con la hegemonía de Tacumbú, en tanto, el PCC impera en las cárceles de Pedro Juan Caballero, Ciudad del Este y el de Itapúa. En Emboscada, Misiones y Coronel Oviedo, “acordaron” una cohabitación. El volcán entraba en erupción.

La ex ministra Cecilia Pérez posa con la General Laura J. Richardson del Comando Sur de EE UU, foto compartida en las redes de la exfuncionaria, en donde se jacta de su “liderazgo”.

EL EFECTO TACUMBU

Tras el aplastamiento del clan Rotela dentro de la cárcel de Tacumbú, desde el gobierno sostienen que, el hecho es apenas el comienzo de un plan para sanear el sistema de elementos mafiosos, y que, eso implica ir a las raíces del problema, que, entre otros factores, tiene a la complicidad de funcionarios, como base fundamental de la mafia carcelaria.

“Vamos a iniciar un proceso de profundización, quiénes han sido los encubridores del Clan Rotela durante tantos años”, dijo a GEN el ministro de Justicia, Ángel Ramón Barchini.

El mismo apuntó que, la corrupción minó los fundamentos del sistema penitenciario, y que la tarea que queda ahora, es enfrentar todos los problemas que se plantean, y que son numerosos.

Hasta hace poco, apuntó Barchini, el cargo de director de cárcel se convirtió en un puesto muy apetecido. Y esto, en razón de que desde ese puesto, las “negociaciones” con mafiosos, representa millonarias propinas, por hacer y dejar hacer ilícitos desde los penales.

El crecimiento de Rotela, que opera desde la cárcel, escupe algunos hechos de terror: 90.000 adictos al crack y otras drogas en Asunción y Central. Así también la conversión de barrios enteros, como el de Santa Ana y otros del Bañado Sur capitalino, en territorios en donde familias (principalmente niños y adolescentes, por inimputables) se dedican al microtráfico (previa adicción de menores). A ellos se suman los casos de sicariatos que azotan periódicamente Asunciòlón y el área Metropolitana. Y todo como fruto de la “negociación” con bandas criminales.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.