De los contratos adjudicados por el Estado a Dysa Healthcare SA y ejecutados en los tiempos en que el hoy senador Luis Pettengill Vacca formaba parte del cuadro directivo queda un historial de denuncias por diferentes irregularidades que quedaron básicamente en la nada. Precios de “oro”, falta de experiencia en prestación de ciertos servicios en el rubro sanitario, adjudicaciones sin el cumplimiento de especificaciones técnicas, etc.

En los tiempos en que el senador figuraba con su nombre en Dysa Healthcare saltó el cuestionado contrato para mantenimiento y reparación de tomógrafos y angiógrafos del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) en el que se incluyó compra de teclados y mouses a precios de “oro”.

En el contrato firmado en diciembre de 2019 con la empresa de Pettengill figuraban accesorios como el caso de teclados a G. 6,8 millones cada uno y mouses de computadora a G. 2 millones cada uno, una diferencia abismal con relación a los precios de mercado, que en el caso del mouse rondaba los G. 100 mil cada uno. La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) tuvo que intervenir ante el escándalo mediático y se anuló el lote de los cotizados accesorios.

EN EL IPS

Dysa Healthcare, en consorcio CBD (Dysa/Casa Boller), también tiene en su haber cuestionamientos por un supercontrato de G. 600.000 millones en el Instituto de Previsión Social (IPS) para servicios tercerizados de esterilización para el Hospital de Especialidades Quirúrgicas (Ingavi) adjudicado en 2019 y rige hasta 2029.

El proceso ninguneó protesta sobre la presunta inexperiencia para provisión del servicio. Una denuncia en contra de la firma vinculada al senador señala adjudicación sin cumplimiento de especificaciones técnicas ni plan de contingencia, etc.

La misma firma fue denunciada ante la Fiscalía en agosto de 2020 por un grupo de diputados por la supuesta venta sobrefacturada de 31 ventiladores pulmonares para el Ministerio de Salud, que, según informe de la Contraloría General de la República (CGR), fueron proveídos con 243 % de sobreprecio con relación al valor de importación de los equipos y con un aumento del 30 % con relación al precio referencial de licitaciones adjudicadas a la contratista en ese entonces.

Es importante mencionar que, si bien las adjudicaciones citadas datan de 2019, la ejecución del contrato fue entre los años 2020 y 2021, periodos que coinciden con el cargo directivo que tenía en Dysa Healthcare el actual senador Pettengill. Tampoco es menos relevante que, aunque el parlamentario borró su nombre de los documentos de la empresa, la última actualización de beneficiarios en el Ministerio de Economía registra que el 50 % de las acciones corresponde a la supercontratista de la familia, Ocho A SA, de que a la vez es parte Constructora Paraná, firma en la que declara acciones Pettengill al momento de asumir en el Congreso.

Pettengill es uno de los considerados “pulpo” de las licitaciones, ya que junto con su clan amasaron G. 6,3 billones en adjudicaciones en la última década.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.