El caso se remonta a septiembre del año pasado cuando el Ministerio a cargo de Arnoldo Wiens a través del portal de Contrataciones Públicas lanzó la licitación para la rehabilitación y duplicación del tramo Remanso Ruta Nº 9 (Vista Alegre) Puerto Falcón un total de 19,20 kilómetros.

Trece empresas se presentaron al llamado y finalmente fue adjudicado el Consorcio Puerto Falcón (Benito Roggio e Hijos SA LT-SA) y terminó segundo el Consorcio Flacón Uno (EDB Construcciones, Constructora Asunción SA., Vial Agro SA) que presentó una protesta alegando que la firma ganadora no tenía la experiencia requerida en el pliego de bases y condiciones, así como tampoco evaluación económica financiera, por lo que solicitó que se anule la adjudicación.

A todas luces una vez más quedó al descubierto que la empresa Consorcio Puerto Falcón tenía la “bendición” desde el Ministerio para ser la que se quede con la obra que tiene un costo de G. 158.351.995.484.

Sin embargo este Consorcio no contaba con uno de los requisitos expuestos en el pliego de bases y condiciones era la experiencia específica en obras, experiencia específica en construcción y calificación.

Los representantes de Puerto Falcón presentaron un acta de liquidación de obra, de los trabajos de rehabilitación de corredores viales, rehabilitación y mantenimiento del tramo Concepción- Pozo Colorado, para demostrar su experiencia en el rubro vial, sin embargo esta acta de liquidación es solamente un recibo y lo que pide el pliego de bases y condiciones es que se presente el acta de recepción provisoria o definitiva de la obra para acreditar el cumplimiento del trabajo y acreditarlo como experiencia.

Desde el Ministerio de Obras Públicas el comité evaluador dejó pasar por alto este hecho con tal que el Consorcio amigo siga en carrera. Es más en su respuesta al reclamo presentado desde el Ministerio señalaron que el Consorcio que ganó la licitación cumplía con todos los requisitos del pliego de bases y condiciones por lo que pedía que se rechace la protesta y se prosiga con la adjudicación.

El 28 de diciembre pasado la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, analizó la protesta y llegó a la conclusión que efectivamente el Consorcio Puerto Falcón, no estaba en condiciones de llevar a cabo el trabajo y anuló la adjudicación.

“Esta dirección nacional ha constatado que las manifestaciones expuestas por la convocante al contestar la propuesta no constan en el informe de evaluación de ofertas como parte del análisis realizado de la oferta presentada por el consorcio adjudicado. La omisión detectada resulta relevante puesto que en el informe de evaluación de ofertas no se ha incluido la forma en que la convocante ha valorado las documentaciones mencionadas y el razonamiento que sustenta que las mismas resultaran suficientes para concluir que la oferta del consorcio adjudicado cumple con todos los requerimientos de la convocatoria de conformidad a lo establecido en el artículo 28 de la Ley Nº 2051-03”, señala parte de la conclusión que hizo la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas y por eso pide que se retrotraiga el procedimiento a la etapa de evaluación de ofertas entre las 12 empresas restantes.

Ordena además al Ministerio de Obras Públicas que comunique el resultado de la evaluación de las ofertas en un plazo de 20 días.

Si se sigue el mismo mecanismo la empresa que debe ser adjudicada con la obra es el Consorcio Falcón Uno (EDB Construcciones, Constructora Asunción SA., Vial Agro SA), pero desde el Ministerio de Obras Públicas

Plantean declarar desierta la licitación y empezar otro proceso licitatorio. En busca de otra empresa “amiga”?

OTRAS LICITACIONES

El Ministerio de Obras Públicas adjudicó de forma irregular las obras del dragado y mantenimiento del río Paraguay a la empresa Topografías y Caminos (T y C).

La empresa que fue adjudicada para el dragado es representada por un conocido empresario, considerado íntimo del ministro. La firma fue beneficiada pese tener sus cuentas bancarias embargadas y sin poder pagar el sueldo a sus empleados.

Una grosera cadena de irregularidades se dieron para que TyC lograra imponerse sobre otras empresas que se presentaron a la licitación el año pasado. La oferta electrónica fue presentada por el Ministerio en setiembre de 2019, el 23 de octubre 4 empresas presentaron sus ofertas y documentaciones exigidas.

Uno de los requisitos básicos solicitado era que el jefe de obras sea una persona con más de 10 años de experiencia en el rubro dragado o el ámbito de navegación.

TyC propuso al ingeniero Pedro Ferreira, extitular de la ANDE para el cargo. Para demostrar que el profesional cumple con los requisitos presentaron un certificado de trabajo firmado por el ingeniero Francisco Griñó, quien es presidente de la firma y en el que señalaba que el ingeniero Ferreira ya fue asesor y jefe de obras en tres contratos similares a este que presentó el Ministerio de Obras Públicas.

Sin embargo estas obras se dieron setiembre de 2018, cuando Pedro Ferreira era presidente de la ANDE y según los documentos oficiales asumió el cargo el 15 de agosto de 2018 y renunció al mismo el 24 de julio de 2019. El reglamento de la ANDE prohibe al presidente del ente intervenir directa o indirectamente en operaciones comerciales, industriales o financieras extrañas a su cargo en la ANDE, por lo cual es imposible que el ingeniero Ferreira siendo titular de la ANDE también haya estado trabajando para T y C.

Otra irregularidad detectada fue la presentación de certificados académicos de cursos realizados supuestamente por Pedro Ferreira y los mismos tenían dos días de duración, pero se hacían figurar que fueron 240 horas académicas las completadas por el ingeniero, por lo que el comité evaluador del Ministerio al analizar el caso demostró que los documentos presentados por TyC eran de contenido falso, por lo que se rechazó la carpeta de la empresa y el 4 de diciembre se cerró la fecha para la adjudicación de la obra.

Pero como la intensión desde el Ministerio de Obras, era adjudicar a como dé lugar a T y C la obra, desde el Ministerio el 10 de diciembre, una semana después de cerrarse la adjudicación, se presentó una nota en la que se solicita la adecuación de precios para la oferta de TyC, para que siga en carrera la empresa y se la vuelve a incluir por la ventana.

T y C es la misma empresa beneficiada con varios otros contratos, como la construcción de Costanera Sur, adjudicación que se dio en el 2018 y hasta ahora no pasó nada.

Con tantas irregularidades, la pregunta es: ¿quién apadrina a T y C en el Ministerio de Obras?

Para hacer mucho más grave la situación la empresa T y C se encuentra afrontando un lío judicial entre sus socios.

Les tienen embargadas todas sus cuentas bancarias por lo que no pueden honrar deudas con proveedores, clientes ni pagar sueldos a sus empleados desde hace dos meses, pero ni con este grave inconveniente desde el Ministerio de Obras se anuló el contrato con esta empresa.

¿Cómo el MOPC le depositará el anticipo del 30% si la cuenta de la empresa está embargada? No podrán usar el dinero, la obra tendrá un retraso o simplemente no se hará con las consecuencias que eso implica.

La Caja Negra denunció el año pasado la existencia feudos en el MOPC en distintas dependencias con un comité evaluador que “cocina” licitaciones y adjudica obras a las ofertas más caras y a los que no reúnen todos los requisitos.

Al Presidente Mario Abdo Benitez le entregaron un cúmulo de pruebas sobre ciertos manejos irregulares en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) en donde la administración del ministro Arnoldo Wiens hace agua por todos lados.


¿Dará explicaciones el Ministro Wiens? O seremos los próximos bloqueados por el ministro?

El MOPC elimitnó equipa­miento en la licitación de US$ 52 millones para “con­tratación de empresas para el diseño, construcción, equi­pamiento, puesta en funcio­namiento y mantenimiento del Hospital de Coronel Oviedo”. Elementos sustan­ciales para el servicio hos­pitalario como dispositivos biomédicos, informáticos y el mobiliario fueron elimina­dos, sin embargo, el precio de referencia del llamado no fue modificado, según una investigación del diario La Nación.

El director de Contrataciones Públicas, Pablo Seitez, anunció en los próximos días remitirán un informe sobre la cantidad de licitaciones protestadas o bajo sospechas en todo el 2020.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.