El pasado viernes 12 de marzo, la magistrada Alice González falló a favor del periodista de la Nación Jhojhanni Vega e intimó a la EBY a que en un plazo de 10 días proporcione el listado de pagos en concepto de publicidad, eventos y propaganda hecho por la binacional.

Esta medida judicial se dio luego de que el director de Yacyretá, Nicanor Duarte Frutos, se negara a dar estos datos que son públicos. El abogado José Prono, representante legal del Grupo Nación, explicó que la odisea inició en octubre del año pasado, cuando el comunicador solicitó formalmente a la binacional que proporcione información pública, pero esta comenzó a poner trabas, pasando la pelota a otras instituciones del Estado y alegando que debía tener la autorización del lado argentino.

Con esta decisión de la justicia, Duarte Frutos tiene una semana para juntar los documentos y darlos a conocer a la opinión pública. No obstante, el abogado resaltó que el titular de la EBY puede accionar en contra a la resolución ante el Tribunal de Apelaciones, por lo que deberán aguardar hasta la próxima semana para ver si se llega a esa instancia.

Sobre el punto, Ezequiel Santagada, abogado y director ejecutivo de la organización IDEA, que promueve y apoya la transparencia de la gestión del Estado, el acceso a la información y a la participación ciudadana, expresó que al haber una sentencia de primera instancia que hace lugar al amparo, debe cumplirse por más que se apele. La apelación en este caso no tiene efecto suspensivo, según explicó.

“Lo más relevante de esta resolución es que deja en claro que la Información Pública no es patrimonio documental protegido de ninguna institución pública ni de sus funcionarios”, destacó el letrado.

Pasaron casi cinco meses del pedido realizado por el equipo de investigación del diario La Nación para que la Justicia resolviera que la hidroeléctrica debe rendir cuentas sobre el listado de pagos en concepto de publicidad, eventos y propaganda, al igual que las rendiciones de las transferencias económicas hechas a organizaciones sociales, gubernamentales y no gubernamentales durante el 2019 y el 2020.

Vale recordar que a fines del mes de febrero, la EBY liberó datos parciales al agregar una categoría a su pestaña de “Acceso a la información pública” en su página web, donde dio a conocer los primeros datos sobre los gastos en publicidad que realizó la hidroeléctrica en los últimos años. Sin embargo, esta información era parcial y Duarte Frutos buscó así confundir a la jueza.

La magistrada del caso, quien escuchó a la contraparte y supo que debía aplicar la Ley, expuso en su resolución final que los datos requeridos no afectan al tratado internacional en el que se quiere escudar y ratificó que son de carácter público.

Tras el revés sufrido por Nicanor, la ministra de Justicia, Cecilia Pérez, expresó que la decisión está correctamente ajustada a la ley y recordó que su institución informó al juzgado sobre todos los pedidos de información pública que le fueron solicitados sobre la EBY. “Nosotros ya habíamos recomendado a través de nuestro dictamen no vinculante, que la información se debía entregar, porque así lo determina la Ley de Acceso a la Información Pública y su decreto reglamentario”, mencionó.

Coincidió el doctor Óscar Tuma, quien afirmó que la decisión de la Justicia se encuentra ajustado a derecho.

Por su parte, el diputado del partido Patria Querida, Sebastián García, vicelider de bancada y presidente de la Comisión de Ciencias y Tecnología de la Cámara Baja, lamentó que se tenga que recurrir a la Justicia para hacer cumplir lo que exige la ley.

En tanto que, el senador liberal Fernando Silva Facetti argumentó que los políticos que estén al frente de las instituciones públicas, incluyendo las entidades binacionales, como la EBY y la Itaipú, tienen no solo la obligación legal, sino moral de transparentar su gestión. Agregó que deben responder a las solicitudes de acceso a la información las veces que sean solicitadas dentro del marco de la ley.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.