El director de la EBY, Nicanor Duarte Frutos, justificó este jueves su posición contraria a la auditoría financiera y gestión de las binacionales que pretende hacer la Contraloría General de la República a pedido de la Cámara de Senadores.

“No es cierto que nosotros nos estamos negando a que la Contraloría intervenga, no es cierto. En todos los gobiernos de la transición, algún sector siempre ha planteado esto que hoy vuelve en plena campaña electoral pero nunca fue posible por lo que hoy tanto Itaipú y Yacyretá esgrimen, que es el tratado. Eso no significa que Yacyretá no provee información, desde el primer momento estamos informando a la Contraloría cuánto estamos invirtiendo en las gobernaciones y tenemos notas de recibo de la Contraloría de las informaciones que proveemos”, alegó.

Con su característico tono grave de “tendota”, Nicanor reclamó fuertemente por qué se hace énfasis y se discrimina en el discurso puntualizando que Yacyretá cierra sus puertas al organismo de control, siendo que Itaipú también tiene la misma postura. Y se respondió que se debe a que en la EBY “está un dirigente político y un expresidente de la República” (refiriéndose a sí mismo).

Aseguró que informará al Senado que durante la administración de Fernando Lugo se nombró a 850 funcionarios, y que también contará cuántos ingresaron y cuántos salieron en la actual administración. “Voy a ir a discutir como un par con los senadores, recuerden que me negaron la banca, no respetando la soberanía popular, pero me hablan de constitucionalismo, allí está un expresidente echado por inútil”, lanzó.

Estas expresiones las realizó durante la inauguración de la Planta de Tratamiento de Agua Potable, construida por el Gobierno Nacional, a través de la EBY, en Villa Florida, departamento de Misiones. En ese sentido dijo que a través de los fondos sociales de la hidroeléctrica pudo hacerse mucho para garantizar el acceso al agua potable en las comunidades más necesitadas. “Cuando más se invierte en agua potable, menos gasto vamos a tener en salud pública”, dijo.

Citó que en dos años y medio, en materia de salud pública, el Gobierno invirtió 90.000 millones de guaraníes. “Esta inversión la hicimos sin que venga una ley a obligarnos. Es importante decir que siempre fue una política de nuestro Gobierno de democratizar el acceso a la salud pública”, argumentó.

“Seguiremos invirtiendo conforme a la filosofía de nuestro gobierno, a pesar de lo que se diga. Hoy estamos en campaña electoral, en menos de dos meses hay elecciones y hay una gran disputa de poder. La oposición siempre va a tratar de menoscabar o debilitar las acciones del Gobierno, infundiendo mentiras, miedo, desconfianza y rencor, pero no debemos fatigarnos para seguir trabajando por nuestro pueblo, lo vamos a seguir haciendo con la verdad”, esgrimió.

Por último dijo que abundan las noticias falsas y torcidas, y que él va a responder con la verdad a las acusaciones. “No piensen que nos van a intimidar con la mentira. No crean que vamos a rehuir a nuestro compromiso como servidor público porque amenazan o tratan de quebrar la cohesión de un Gobierno y menos los opositores, los que no hicieron nada por sus comunidades, ellos no van a ser nuestros jueces, nuestros verdugos, porque tenemos verdades a montones para contar a nuestro pueblo”, puntualizó.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

Es noticia hoy: Papa designa a nuevo representante de la Santa Sede en Paraguay

En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

Nota relacionada: Importante anuncio desde la Cámara de Diputados

Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

Lea también: Sistema de tormentas para esta mañana y el sábado

En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

Nota relacionada: Dakovo, la trama del mayor operativo contra el armatráfico

Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

Leé también: “Esas armas fueron vendidas legalmente”: Diego Dirisio habló desde la clandestinidad

El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.