POR JORGE TORRES ROMERO

La entidad desembolsó US$ 2.400.000 en total por la compra de 300 motos para el Grupo Lince. El primer pedido, luego de la licitación para la adquisición de las motocicletas se realizó el 15 de enero de este año. Esta partida llegó el 27 de abril, es decir, 102 días en tránsito. El segundo pedido de 200 motos, alegando urgencia y evitando una nueva licitación se realizó el 12 de junio (según orden de compra) y las motos llegaron el 5 de agosto (54 días de tránsito).

Cada moto le costó a la entidad US$ 8 mil, marca Kawasaki modelo KLR 650 año 2018 en remate hasta liquidar stock porque se dejaron de fabricar el año pasado. Diferentes oferentes, representantes de otras marcas de motocicletas que se habían presentado a la licitación convocada en enero señalan que si las autoridades del Ministerio del Interior, la Policía Nacional y la propia EBY ya manejaban que se necesitarían un total de 300 motocicletas, ¿por qué no se incluyó la cantidad realmente necesaria en la licitación de enero?

Si las ofertas de las empresas que se presentaron para la licitación de enero fuese en base a 300 motos y no sobre 100, los montos ofertados hubieran sido distintos e incluso a un precio mucho más conveniente para la entidad. Esto teniendo en cuenta una ecuación lógica que tiene que ver con la economía de escala, a mayor cantidad, mejor precio. Éste es el principal reclamo al proceso.

Las compras de las 300 motos de la marca Kawasaki modelo KLR 650, generan una enorme suspicacia en el sentido de que se pudo haber manejado con antelación la cantidad real que se iba a necesitar, pero sin embargo, se licitaron en base 100, para luego en forma directa otorgar las otras 200 a la misma empresa, que lógicamente, teniendo la información, presentó la oferta más conveniente.

EL ENGAÑO

Nicanor Duarte Frutos, fue consultado ayer en la 780 AM sobre estas compras y declaró que las críticas por la compra de motos siempre se darán. “Nosotros compramos las motos para el Grupo Lince a US$ 8 mil y la administración anterior compró a US$ 10 mil. Es un ahorro”, declaró el director de Yacyretá.

Lo que Duarte Frutos no cuenta es que las motos adquiridas en la administración anterior se hicieron con una garantía de fábrica de dos años, más mantenimiento todo pago por tres años que incluye cascos, guantes, protección y todo lo que el piloto necesita. Sin embargo, en esta compra en la era Nicanor sólo se incluyó un año de mantenimiento y con un solo año de garantía.

MOTOS SE DEJARON DE FABRICAR

Las motos KLR 650 adquiridas recientemente por la EBY se lanzó por primera vez en 1987. Hace 32 años se fabrica la misma moto. La KLR650 es por lejos la moto más pesada, menos potente y con mayor consumo en su segmento. Es considerada obsoleta y un dinosaurio por la mayoría de las revistas especializadas en motocicletas. En el 2018 Kawasaki decidió lanzar la última camada de las KLR650 y dar a si fin a 31 años de producción de este modelo. En la página web de la marca, ya se puede ver la alineación de modelos 2020 de la marca, el modelo KLR650 sigue figurando aunque especifica muy bien que las motos son año 2018. Es decir, ya no se fabrican modelos nuevos.

En el portal especializado en tecnologías de motocicletas https://www.tripenmoto.com/el-fin-de-la-kawasaki-klr-650/ se informa que el modelo fue descontinuado a partir del 1 de Octubre de 2018, ya que el stock remanente es reducido. La misma será ofrecida con un descuento, para deshacerse del stock remanente

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.