Tras su asunción al cargo de director del lado paraguayo de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), Nicanor Duarte Fru­tos realizó multimillonarios repartos de plata a distintas gobernaciones, organiza­ciones civiles y municipios en concepto de inversiones sociales. La suma ya trepó hasta los G. 500 mil millones (US$ 70 millones) en los últi­mos años y desde la binacional se niegan a pasar la rendición de cuentas sobre el destino final y la forma en que se gas­taron los fondos.

A tan solo pocos meses de asu­mir el cargo, Duarte Frutos entregó G. 30.166 millones para los distintos programas sociales de varios departa­mentos y ciudades del área de influencia de la represa. En el 2018, Yacyretá destinó este millonario monto a dife­rentes proyectos y acciones relacionados con salud, edu­cación, programas producti­vos, obras de infraestructura y construcción de viviendas en los departamentos de Ita­púa, Misiones, San Pedro y Caazapá.

Para el 2019, la cifra aumentó considerablemente, ya que la inversión social escaló hasta los G. 251.616 millones (US$ 36 millones). En ese año vol­vieron a ocupar la mayoría del presupuesto de aportes los departamentos del área de influencia, aunque se suma­ron otras zonas como Caaguazú, Cordillera y Ñeem­bucú. Finalmente, en lo que va de este año 2020 y durante la pandemia de covid-19, la EBY ha entregado G. 193 mil millo­nes en ayudas sociales para varios sectores.

Cabe recordar que Duarte Frutos dio su rotundo no al pedido realizado por este medio sobre gastos en publi­cidad y transferencias socia­les y movilizó a todo su equipo jurídico para tratar de dar una explicación a la negativa. Argumentó que las infor­maciones solicitadas por la prensa se encuentran en la página web de la EBY y afirmó que este medio solo intenta realizar una auditoría. Sos­tuvo que solo la Contraloría General de la República (CGR) es la institución encargada de realizar tal acción.

En este sentido, hay que desta­car que la desaprobación se da pese a un dictamen dirigido al propio director de la EBY por parte del Ministerio de Justi­cia, que resolvió que la bina­cional debe brindar la infor­mación solicitada a través de la web de acceso a la información pública. Yacyretá había argüido que el pedido debía realizarse vía Cancillería debido a que supuestamente necesitaban la autorización de la margen izquierda (Argentina).

MÁS PLATA QUE EN MINISTERIOS

La caja chica de Nicanor (G. 500.000 millones) que viene manejando en estos dos años y medio supera con creces los presupuestos para 2021 de varios entes del equipo eje­cutivo como el del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguri­dad Social, que cuenta con G. 297.226 millones; al Minis­terio de Defensa Pública, que cuenta con G. 261.615 millo­nes, y al Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, con G. 75.531 millones, entre otros.

Asimismo, lo gastado por la EBY se equipara con los pre­supuestos de grandes minis­terios como el de Agricultura y Ganadería (G. 535.346 millo­nes), Ministerio de Urba­nismo, Vivienda y Hábitat (G. 515.925 millones) e incluso es similar a la suma de los presu­puestos del Congreso Nacio­nal, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, que alcanza los G. 503 mil millo­nes para el próximo año.

Las cifras revelan que, con su caja chica, Nicanor tiene un miniministerio en su poder, administrado discrecional y misteriosamente con ren­diciones de cuentas maneja­das en secreto. Misma situa­ción ocurre con los pagos en publicidad, gastos que tam­bién se resiste a transparentar el director de Yacyretá.

En 10 días se cumple el plazo de la reconsideración plan­teada por este medio, otro intento legal para que Nica­nor comparta la ejecución de gastos, solicitud ampa­rada por la Ley de Acceso a la Información Pública y, por ende, debe ser entregada, según ya refirió en su dicta­men el Ministerio de Justicia, órgano que coordina la apli­cación de la citada ley. ­

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.