Los periodistas del área de investigación de La Nación, Rossana Escobar y Jhojhanni Fiorini, presentaron días atrás una intimación al director de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), Nicanor Duarte Frutos, para que entregue información sobre la rendición de cuentas de los gastos en ayuda social y publicidad. Sin embargo, hasta la fecha no obtuvieron respuestas favorables porque dicho informe está siendo resguardado celosamente en la hidroeléctrica.

Este martes, a su salida del Palacio de López luego de una reunión con el presidente Mario Abdo, fue consultado Duarte Frutos sobre su negativa a responder al Grupo Nación. Al respecto, alegó que supuestamente toda la información requerida ya figura en la página web de su institución.

“Todo está en la página web, ahí están los números, los precios, las contrataciones, los lugares de las obras”, dijo. Si bien destacó que el periodismo cumple un papel intermediador importante entre la sociedad y el Estado para recoger informaciones, con la actual irrupción de las plataformas digitales estas redes cumplen un papel sustituto de la prensa, según consideró.

Rossana Escobar, jefa del área de Investigación, cuestionó que Nicanor brinde excusas para no publicar la rendición de gastos. “¿A dónde fueron los US$ 70 millones de transferencias? ¿Y la plata en publicidad? No provee datos solicitados y especula con publicación de estadísticas generales”, tuiteó.

El pedido vía Ley de Acceso a la Información Pública del periodista de la Nación se traduce en el “listado de pagos en concepto de publicidad, eventos y propaganda incluyendo la descripción del servicio, fecha del contrato y la empresa beneficiaria, correspondientes a los años 2019/2020”. Así también, las “transferencias económicas realizadas a organizaciones sociales, gubernamentales y no gubernamentales durante los años 2019/2020. Incluir el concepto de la ayuda económica, fecha, rendición de cuentas y nombre del responsable de la entidad que recibió el dinero”.

En respuesta, Nicanor mandó publicar en la página web institucional planillas que están divididas en seis categorías, entre las que se encuentran: educación, agua potable, salud, proyectos productivos, bonos sociales y asistencia a pescadores. Sin embargo, el compendio estadístico con voluminosas cifras no contempla las rendiciones de cuentas de cómo se ejecutaron.

Hasta el momento se sabe que unos US$ 70 millones fueron a transferencias sociales, aproximadamente, según se recabó del portal de la entidad. Lo que no se sabe es cómo se gastó, a cuánto se compró, los contratistas y los beneficiarios, etc., de muchos de los programas sociales.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.